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¿Es posible que tropas extranjeras intervengan Bolivia?

Por Bolpress

Reportes de inteligencia de Perú y Bolivia que circulan en Internet comprometen a los sectores más conservadores de Santa Cruz en un plan militar contra el país.

Hace más de 20 días que circulan en Internet al menos dos reportes de inteligencia atribuidos a los ejércitos de Bolivia y Perú que alertan sobre una virtual intervención militar a Bolivia a cargo de un contingente de Cascos Azules de las Naciones Unidas. La punta de lanza de dicho plan serían los sectores más conservadores, liderados por algunos empresarios y dirigentes cívicos del oriente y sur del país, cuya misión es obstaculizar las elecciones y así provocar una conmoción social.

El plan denunciado consiste básicamente en retrasar las elecciones de diciembre para motivar una respuesta popular que desemboque en un conflicto que justifique una intervención de tropas de Chile, Estados Unidos, Paraguay y Argentina.

Este plan se ha cumplido parcialmente luego de que el Tribunal Constitucional fallara a favor de la demanda del Comité Cívico de Santa Cruz, causando una escalada de confrontación regional a raíz de la redistribución de escaños parlamentarios. La segunda parte del plan es que los cívicos radicalicen su posición y no resignen una sola de las cuatro diputaciones que exigen para el departamento. La tercera movida es frenar toda posibilidad de que el Congreso viabilice las elecciones en diciembre y así provocar una crisis de gobierno.

El furibundo rechazo de sectores de Santa Cruz a la propuesta del presidente Eduardo Rodríguez para solucionar la crisis regional (conceder dos diputados a Santa Cruz a cambio de reducir un escaño en Potosí y otro en Oruro) abrió perspectivas inciertas para el proceso de transición política.

A esa confrontación se suman otros sucesos no menos llamativos. Hace pocos días, la Cainco, un influyente gremio empresarial cruceño, declaró públicamente estar a favor de la venta directa de gas a Chile, pese a que esa posición provocó la denominada guerra del gas, una insurrección popular de magnitud que culminó con la muerte de más de 60 personas y con el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por otro lado, también en Santa Cruz, se denunció que algunos ciudadanos desfilaron hace poco con banderas chilenas en la Plaza 24 de Septiembre de esa ciudad.

El supuesto plan de intervención

El plan de intervención comenzó a planificarse en noviembre de 2003, indica un "informe de inteligencia de la agencia Stratfor Global" fechado el 4 de noviembre de 2003.

Los reportes militares comentados informan que el ingreso de tropas norteamericanas por la frontera con Paraguay y de militares chilenos por el este podría ejecutarse entre noviembre de 2005 y enero de 2006, dependiendo de que se puedan crear las "condiciones" en Bolivia.

Dichos reportes dan cuenta que desde noviembre de 2003 un grueso contingente de militares chilenos avanzó desde el norte de Santiago hasta la frontera con Bolivia. En principio, más de 500 vehículos (blindados, artillados, y livianos de apoyo) fueron desplazados hasta el altiplano chileno y se montaron campamentos cercanos a Pisiga, Todos Santos, Tambo Quemado y Charaña, todos reforzados con artillería pesada y tropas de elite.

Hasta marzo de 2004, el ejército chileno contaba con más de 30 mil hombres en las inmediaciones de la frontera boliviana, contingente que se habría reducido hasta septiembre de este año.

Al mando de Estados Unidos

El plan a ejecutarse se parecería mucho al aplicado en Haití, donde primero actuaron los chilenos con marines norteamericanos y luego se sumaron tropas brasileñas, argentinas y paraguayas.

El principal operador de la intervención sería Estados Unidos, que propició reuniones con comandantes de Brasil, Argentina y Chile en diciembre de 2003 para proponer la formación de una fuerza internacional combinada para ejecutar el plan con respaldo de Naciones Unidas, aunque el plan fue rechazado en principio por los gobiernos de Inacio Lula Da Silva y Fernando Kirchner.

En junio de 2005, el comandante del Comando Sur del Ejército de EE. UU. se reunió con los comandantes de Argentina, Brasil y Paraguay con el aparente motivo de evaluar los alcances de la intervención militar en Haití, donde alcanzaron importantes acuerdos, entre ellos la obtención de inmunidad para los soldados norteamericanos en Paraguay y la edificación de bases militares en su territorio, lo que permitió la construcción de una pista de aterrizaje de casi cuatro kilómetros (longitud necesaria para el aterrizaje de bombarderos) a 200 kilómetros de la frontera con Bolivia. Esa pista terminó de construirse en agosto de este año y en la actualidad al menos 10 mil marines se encuentran en Paraguay, listos para entrar en acción.

Los reportes militares que se difunden por cientos de correos electrónicos en Bolivia indican que las gestiones diplomáticas y militares de EE. UU. tuvieron dos fracasos: la imposibilidad de lograr que Perú se sume a la acción, en razón de que ese país considera que la intervención de Chile sería una amenaza para su soberanía; y el rechazo de la Asamblea de la OEA, en mayor de 2005, al planteamiento de Bush de intervenir en los países miembros cuando la democracia de alguno de ellos corre peligro.

Las fuerzas combinadas estuvieron a punto de entrar en acción entre mayo y junio de 2005, pero el revés diplomático de la OEA, la inminente intervención armada del Ejército peruano ante el ingreso de tropas chilenas a Bolivia (a fines de mayo de 2005 más de 200 tanques subieron desde Cuzco y Arequipa hasta el fuerte Pomata, a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia), y el desenlace final del conflicto social de junio de 2005 que terminó con la subida a la presidencia de Eduardo Rodríguez, frustraron la ejecución del plan.

Los norteamericanos esperaban una confrontación mayor, en oriente y occidente, y para ello primero armaron a los cooperativistas mineros con fusiles mauser y luego a la Unión Juvenil Cruceñista con 12 mil ametralladoras pequeñas U17 provenientes de Chile.

Los informes consideran que el enfrentamiento regional no es una casualidad y tampoco lo fue el traslado de cientos de mineros a Sucre un día antes de la posesión de Rodríguez. Fuentes de inteligencia reportan que quien disparó contra el minero Coro fue un marine norteamericano.

Las movidas: Causar desabastecimiento y confrontar

Otras fuentes informaron que en los primeros días de junio, en los regimientos cruceños se hallaban en estado de alerta marines con uniforme militar boliviano con la instrucción de realizar el trabajo sucio una vez que el conflicto fuera incontrolable.

Inmediatamente se diseñó un plan para promover un "ablandamiento" dentro de Bolivia La reducción de la entrega de gas natural a las termoeléctricas por parte de las productoras, primero, y luego la venta de GLP a Chile por el poliducto Sica Sica- Arica y a Paraguay en camiones cisterna, provocaría condiciones de conflicto social. Curiosamente, desde septiembre de 2005 las ciudades más emblemáticas de la revuelta popular en defensa del gas sufren el desabastecimiento de GLP y diesel.

En el plano político interno, el Tribunal Constitucional se encargó de dar un duro golpe al proceso electoral al ordenar al Congreso que modifique la distribución de escaños en la Cámara de Diputados, provocando una confrontación regional que aún no se resuelve.

Se comenta que la inteligencia norteamericana diseñó tres planes para ejecutar el plan principal, es decir la creación de condiciones para una convulsión social.

El plan A consiste en postergar las elecciones con el fin de motivar la reacción popular. El plan B implica la renuncia de Rodríguez y el cierre del Parlamento, lo que causaría un vacío de poder que sería llenado por un gobierno cívico militar afín a la embajada norteamericana. El plan C consiste en llevar a niveles de caos el conflicto social desatado, incluido en enfrentamiento regional, que justifique la intervención militar con cascos azules de la ONU.

Los objetivos serían frenar las elecciones, impedir la Constituyente y cerrar el paso a Evo Morales, favorito en las encuestas pre electorales. A la vez, se pretendería descabezar a los movimientos sociales (se dice que la CIA tiene una lista de 80 personas encabezada por Evo Morales, Jaime Solares, Alvaro García Linera, Waldo Albarracín, Sacha Llorenti, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, entre otros).

Algunos comentaristas de la prensa internacional participan en la movida militar, pues están encargados de mostrar a Bolivia como un país "ingobernable".

Los cívicos comprometidos

Los reportes de inteligencia comprometen directamente a dirigentes cívicos en el golpe planificado para fin de año. Los informantes aseguran que el Comité Cívico de Santa Cruz y dirigentes de los gremios empresariales Cainco, CAO y la Unión Juvenil Cruceñista están interesados en derrocar a Rodríguez con el fin de reemplazarlo por un gobierno "cívico militar". Se dice que estas fuerzas presionan al gobierno para que proceda a un cambio en el alto mando militar.

La participación de las empresas petroleras a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos serían fundamental en dicho plan. El informe de inteligencia apunta a Carlos Alberto López, el operador político de las petroleras, que estaría coordinando con el ex ministro de Gobierno Carlos "Zorro" Sánchez Berzaín, uno de los responsables de la masacre de gas de octubre de 2003.

Se comenta también que la Unión Juvenil recibió entrenamiento de 25 militares chilenos de elite entre febrero y mayo de este año. Su misión sería desatar un enfrentamiento con los habitantes de origen colla que viven en Santa Cruz, en especial campesinos y activistas del Movimiento Sin Tierra.

Las fuerzas de intervención necesitarían apenas 10 días para tomar el control de todos los puntos estratégicos. Chile se haría cargo de la zona altiplánica; algunas fuerzas de Argentina, de la zona central; en tanto que el oriente sería dejado en manos de fuerzas civiles locales, es decir de la Unión Juvenil Cruceñista con el apoyo de al menos dos mil marines que ya están en Bolivia y que serían apoyados por las fuerzas asentadas en Paraguay.

Los "duros" del oriente

Los candidatos favoritos de las elecciones, Evo Morales, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina apoyan la propuesta del Presidente para desactivar la pugna electoral y así allanar el camino a las elecciones, pero los líderes cívicos y políticos de Santa Cruz la rechazan de plano.

Al igual que los tres candidatos, parlamentarios de Oruro, Potosí, La Paz y Cochabamba estarían dispuestos a votar a favor de la propuesta de Rodríguez el martes de la próxima semana. El presidente de la Brigada Parlamentaria orureña, Edmundo Barrientos, afirmó que si esta propuesta gana la votación en el Legislativo, será acatada por su región. Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos, miembro de la brigada parlamentaria de Potosí, dijo que se debe aceptar lo que se defina por mayoría en el pleno camaral.

El diputado de la Brigada Parlamentaria paceña, Oscar Arrien, consideró que la propuesta del Presidente es la más viable. El diputado por Cochabamba, Edmundo Novillo, consideró que la fórmula de Rodríguez es una buena alternativa, en tanto que el presidente del Congreso Sandro Giordano consideró que la oferta es constitucional y busca un equilibrio.

Sin embargo, para el presidente de la bancada parlamentaria de Santa Cruz Wilman Paniagua -que demanda un incremento de cuatro escaños-, la oferta presidencial es "incoherente e irrazonable".

Rodríguez advirtió que es inminente el riesgo de que se frustren las elecciones del 4 de diciembre si el parlamento no soluciona el problema hasta el miércoles de la próxima semana, situación que pondría en peligro la continuidad del proceso democrático.

El Presidente insistió en que los plazos para que los comicios se realicen el 4 de diciembre se agotan y dijo que la Corte Nacional Electoral le advirtió que si a mediados de la próxima semana no hay una solución, las elecciones tendrán que postergarse.

A pensar del riesgo evidente, Germán Antelo, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, insiste en que la repartición de escaños propuesta por el Ejecutivo "no es equitativa (...) es más política que constitucional y legal", en tanto que los candidatos prefecturales de Santa Cruz hacen campaña con el tema escaños y se suman a la exigencia de cuatro diputaciones más para la región.

Los cuatro escaños no se negocian, declaró el candidato Freddy Soruco; "Cuatro es lo mínimo que se puede aceptar", afirmó el candidato Rubén Costas, una persona vinculada a las petroleras y al empresariado más conservador del oriente.

En círculos diplomáticos existe mucha preocupación por la estabilidad de la democracia boliviana, que por las señales se encuentra al límite. Si se produce un vacío de poder en diciembre, el pueblo y las organizaciones sociales, encabezadas por la COB, tomarán el poder e instalarán la "Asamblea Constituyente Revolucionaria", advirtió el secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, mientras que el candidato presidencial del MIP Felipe Quispe amenazó con "atacar" las casas de los legisladores para aplicarles "justicia comunitaria".

De esta forma, se están dando las "condiciones" que buscaban las fuerzas extranjeras, especialmente norteamericanas. Algunos medios de comunicación de Santa Cruz y Tarija, las zonas controladas por las oligarquías, comenzaron a hablar de independencia.

Por ejemplo, el periodista cruceño Yoyo Pando ha tomado posición y dijo que es tiempo de demarcar una línea divisoria entre Cochabamba y Santa Cruz. En Tarija, una radioemisora difunde de 11 a 12 horas un programa de mucha audiencia conducido por el "Cumpa Micu", que suele gritar en sus emisiones habituales "¡muera Bolivia, viva la república de Tarija!".

Informe anónimo sobre presunto plan de Estados Unidos para una intervención militar en Bolivia

http://www.radiomundoreal.fm/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7428
 

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