El 1° de julio de 1987, el fallecido juez de instrucción Jaime Far Suau comenzó a investigar el robo de las manos de Juan Domingo Perón. El magistrado que hoy lleva la causa, Alberto Baños, se desempeñaba entonces en una de las secretarías de ese juzgado. Allí se enteró de las dos cartas firmadas por “Hermes y los 13”, enviadas a Saúl Ubaldini y a Vicente Saadi, secretario general de CGT y presidente del PJ, respectivamente, en las que los supuestos autores de la profanación exigían 8 millones de dólares de rescate.

Entre 1987 y 1988, Far Suau investigó las pistas de las cartas y otras 10 hipótesis, todas falsas. Una de esas pistas llevó al juez a sospechar de Juan Alberto Imbessi, que tendría vínculos con los servicios de inteligencia. Tan importante era la confianza de Far Suau en esta hipótesis que la causa estuvo caratulada durante 10 años como “Imbessi y otros sobre profanación de la tumba de Perón”.

Pero Imbessi terminó sobreseído. La investigación judicial, que tramitó por diversos juzgados, no tiene, hasta la fecha, detenidos ni imputados. Far Suau, falleció el 25 de noviembre de 1988 en un accidente automovilístico en la ruta N° 3, a la altura de Coronel Dorrego y las causas del mismo nunca quedaron del todo claras. El Dr. Carlos Andina Allende, que había quedado a cargo del juzgado por la muerte de su antecesor, archivó la causa.

Cuatro años después del archivo del expediente, en agosto de 1994, el juez Baños reabrió la investigación tras el hallazgo, en la comisaría 29ª, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con jurisdicción sobre el cementerio de la Chacarita, de un juego de llaves que pertenecerían a la bóveda del General Perón, cuyo sistema es extremadamente riguroso. Una copia de ese juego, que hoy guarda el Escribano General de la Nación, Natalio P. Etchegaray, apareció misteriosamente en esa comisaría.

En el 2008, delincuentes ingresaron a la casa de Baños, en Lomas de Zamora y se apoderaron de los últimos cuatro cuerpos del expediente relacionado con el robo de las manos de Juan Domingo Perón, como así también de una computadora personal, diskettes y algunos objetos personales que estaban en el escritorio del magistrado.

En su investigación, Baños se concentró en la pista política y comenzó a analizar la situación del país en el momento de la profanación. Así llegó hasta un sospechoso, un ex miembro de los servicios de inteligencia conocido por su nombre de guerra: “Pan de leche”. El magistrado solicitó al Poder Ejecutivo la apertura de los archivos secretos de la SIDE. Recibió la misma respuesta que le dieron las otras administraciones: la negativa.

La sucesión de muertes, que incluyó al juez Far Suau, comenzó con Paulino Lavagna, uno de los cuidadores del sector del cementerio en el que estaba la bóveda de la familia Perón. En el certificado de defunción se había informado que el sereno había fallecido a causa de una bronquitis. La noche anterior a que su cuerpo fuera encontrado, el sereno había llegado a la pensión en la que vivía con la ropa rasgada y repitiendo que lo perseguían. Entonces, el juez Far Suau ordenó exhumar el cadáver.

Luego de examinar el cuerpo, los forenses no lograron determinar cuál había sido la causa de la muerte de Lavagna. Aunque concluyeron en que no se trató de una simple afección pulmonar y quedó instalada la sospecha de que lo habían matado a golpes.

María del Carmen Melo, una mujer que acostumbraba poner flores en la tumba de Perón, fue la otra testigo que murió. Un año después de la profanación del cadáver del ex presidente, Melo fue internada de urgencia en el hospital Durand. En el libro de la guardia del nosocomio se dejó constancia de que la mujer había sufrido un severo trauma a causa de una caída lo que le produjo una hemorragia que resultó mortal. Un mes más tarde, dos testigos declararon ante Far Suau que la mujer había sido atacada por un grupo de hombres cuando salía del cementerio de la Chacarita.

En la misma época, un vecino alertó al portero de que la puerta del departamento de Melo, en la zona de Recoleta, estaba abierta. La policía comprobó que la puerta no había sido violentada y que el departamento presentaba signos de haber sido revuelto. Los parientes de la mujer confirmaron que no faltaba dinero ni ningún objeto de valor. Los autores del hecho revisaron el departamento, pero no se llevaron el dinero que la mujer guardaba en una caja de cartón. En ese momento, los investigadores sospecharon que el hecho fue obra de agentes de inteligencia.

Un tema para la coincidencia

Así las cosas, esta increíble historia de 25 años de investigación judicial sin resultados a la vista, empezó a generar reacciones políticas. En junio pasado, el senador peronista (disidente) Juan Carlos Romero impulsó un proyecto de comunicación dirigido al Consejo de Magistratura a los efectos de que este organismo le requiriera a Baños un informe sobre el estado de la causa y en particular del avance de la investigación.

El caso es que aquél, ante el requerimiento, habría remitido algunas fotocopias del expediente pero ninguna explicación coherente sobre la investigación a su cargo. Ante la evasiva respuesta de Baños, se produjo un acuerdo entre senadores del Interbloque Federal, de la UCR y otros bloques, que firmaron dos semanas atrás un nuevo Proyecto de Comunicación solicitándole al Consejo de la Magistratura que informe sobre el estado de situación de la causa. El documento lo firman Juan C. Romero, Sonia Escudero, Carlos Salazar Delia N. Pinchetti de Sierra Morales, Juan A. Pérez Alsina, Adolfo Rodríguez Saá, María D. Sánchez, Arturo Vera, Roy Nikish, Carlos S. Menem, Hilda B. González de Duhalde, Alfredo Martínez, Emilio A. Rached, Samuel Cabanchik, Gerardo Morales. y Roxana Latorre.

Por lo que se sabe, habría conversaciones para que varios senadores del Frente para la Victoria adhieran a la iniciativa de pedirle rendición de cuentas a Baños por su investigación. En algunos despachos del senado ya se habla también de un probable pedido de juicio político a este polémico juez aparentemente dispuesto a atesorar sine die este singular expediente.

El caso del robo de las manos de Perón es uno de los pocos puntos de coincidencia para todos los sectores del peronismo. Y además, se trata de un expediente judicial insólito que aun un cuarto de siglo después puede conducir a resultados de resonancia política.

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