Casi como una macabra competencia de poder, esta tarde se suscitaron dos hechos que en simultáneo marcaron las dos caras de una misma moneda, una moneda con varios ceros llamada Tren Bala. Así las cosas, mientras la presidenta Cristina Kirchner firmaba la adjudicación final del proyecto adoptando una actitud desafiante, la Coalición Cívica presentaba el informe completo sobre la obra, que incluye denuncias de corrupción ante la justicia y la Oficina Anticorrupción y refleja los extraños sucesos que dieron para que salga adelante el proyecto emblema de la gestión K y, no casualmente, el que envuelve más polémica y cuestionamientos bajo un turbio manto color verde dólar.  

La fuerza política que encabeza Elisa Carrió hizo público el informe esta tarde en el Instituto Hannah Arendt. Allí, la líder opositora ladeada por el presidente del bloque de la CC en Diputados y presentador oficial, Adrián Pérez, dieron detalles del informe que dio como resultado la investigación y que mañana llegará en formato denuncia a las manos del fiscal Manuel Garrido.  

El comienzo  

La preparación, planeamiento y posterior licitación del Tren Bala tuvo como cabezas organizativas y operativas a dos hombres: el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Una resolución de éste último, la N° 324/06 del 8/05/06 incorpora la obra “Electrificación integral, obra civil, infraestructura de vías, señalamiento y comunicaciones y provisión de material rodante para el servicio de Alta Velocidad en el corredor ferroviario Buenos Aires -Rosario-Córdoba”  

Otra resolución, la 900/06, establece la suma inicial a invertir en 1.350 millones de dólares. Al día de hoy, ya se calcula que superará los 4 mil millones y otros afirman que esto es imposible, ya que proyectos similares, como el que uno Barcelona con Madrid o Pekín con Shangai superaron ampliamente los 10 mil millones de euros.  

Ahí es donde el informe hace hincapié en el pliego, al cual cita como “discrecional, direccionado y pasible de modificaciones en las condiciones de contratación de la obra”.  

Entre los puntos que destaca, aclara que “el objeto y el alcance del proyecto no esta suficientemente determinado” y que “el Estado Nacional delega en los oferentes la realización de estudios de ingeniería, factibilidad y ambientales, relegando la Administración su facultad de determinar las condiciones, características e impacto que pretende de dicha obra”.  

Destacando la “ausencia de un proyecto específico elaborado por el Estado” que “dificulta la compulsa entre los distintos oferentes”, afirma que esa situación llevó a que “dos de las tres empresas precalificadas desistieron de la presentación por la ausencia de información para definir el costo de las obras civiles, además del poco tiempo para desarrollar una oferta tan compleja”.  

Lousteau, Peirano y el financiamiento  

El financiamiento del Tren Bala fue el eje de discusión central en la polémica. Según una investigación exclusiva de La Política Online, allí se apoyó el gobierno para terminar favoreciendo a Alstom. Es decir, utilizó algunas características extrañas en las exigencias de financiación para “licuar” la compulsa y dejar el camino allanado para la entrada de la compañía gala, de fuertes contactos con Jaime –ver “La relación de Jaime con Alstom y el escándalo del Tren Bala”-.  

Sobre esto, lo primero que remarca el informe es que “se determinó que los oferentes deberían comprometer un financiamiento no inferior al 50% del monto total” de la obra, lo cual “atenta y restringe la participación de distintos oferentes”. Esto llevó a que “de las tres empresas interesadas sólo queda una que cumple con los requisitos del PBC y que, por lo tanto, pudo imponer su proyecto”. De este esquema, resalta el texto de la CC, “participan empresas afines al gobierno, tal es el caso de Electroingeniería”.  

El grupo Veloxia que integran las empresas que llevarán adelante el proyecto –Alstom, Iecsa, Isolux y Emepa- presentaron una propuesta del banco Societe Generale para la financiación. Ésta incluía “una tasa del 5,2 % anual y 16 años de plazo”. Pero sólo fue una fachada.  

Una vez aprobado el financiamiento por parte del Ministerio de Economía, “se produce la salida del Banco comprometido originalmente e ingresa el Banco Natixis, el hecho se suscribe en los considerándos de la Resolución Nº 178/08 del Ministerio de Economía y Producción, donde costa que con posterioridad al dictado del Decreto Nº 96/08 el Consorcio adjudicatario de la Obra reemplazó al Banco SOCIETE GENERALE como financiador por el Banco NATIXIS y presentó, a través de este último, una nueva propuesta en la estructura de financiamiento que, entre otras cosas, amplia el plazo de 16 a 30 años e incrementa la tasa de interés que rondaría el 12%. Anual”.  

Esta resolución, según informaron hoy Carrió y Pérez, es la que se negó a firmar el ex ministro de Economía, Miguel Peirano, y que terminó siendo una de las últimas acciones de la gestión de Martín Lousteau, envuelto así en tal vez el escándalo más grande que carga en sus espaldas el kirchnerismo.  

Al parecer, Peirano había mandado a hacer un informe en el Ministerio de Economía para que técnicos investigaran y analizaran todo lo contendiente al ambicioso plan del Tren Bala. El resultado fue que sugería “la no firma del contrato”. 

Se prevé emitir un bono a 30 años por 2070 millones de euros, y otro por 430 millones en la misma moneda. Los papeles tendrán un precio de emisión que equivale al 88 por ciento del valor de la emisión, lo que implica un costo inicial del 12 por ciento, más l