La población porteña

Lo que hoy es Buenos Aires, no comenzó ni se desarrolló por una propuesta española –de hecho, Montevideo se fundó bastante antes, en 1520, aunque luego se la tuvo que abandonar debido a la fiereza charrúa-, sino debido a que sus costas pantanosas y con un río de poco calado, hacían posible el casi imprescindible contrabando destinado a burlar el rígido monopolio comercial de la metrópoli, para poder así abastecer tanto a la plaza de Asunción como, principalmente, a la de Potosí.

Las 7 vacas y 1 toro que importara el primer Adelantado, Don Pedro de Mendoza, generaron a través de los años –luego de fundada y destruida al poco tiempo, la primera ciudad de Buenos Aires-, una cantidad prodigiosa de ganado cimarrón y una próspera industria exportadora de cueros y carne salada; lo que contribuía a compensar en parte los “fletes muertos” de los barcos contrabandistas que regresaban a Europa. Este comercio ilegal generó un desarrollo económico tal, que hicieron de los porteños habitantes envidiados por los vecinos.

La riqueza genera casi siempre un proceso de cultura y refinamiento y así, una vez producida la institucionalización constitucional, Buenos Aires se transformó en un centro cultural sudamericano. Además, se constituyó en la única boca de salida –y a la vez, punto de destino, de caminos y ferrocarriles- de toda la producción agropecuaria exportable. Y también se transformó en algo así como la “meca” de las clases ilustradas provinciales, fueren éstas profesionales, militares o comerciantes, ya que en el interior solía decirse que “Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”.

Por otra parte, el aluvión inmigratorio posterior a 1853 –cuya mayor parte se localizó aquí, en la gran ciudad-, le agregó una fuerza cuantitativa desproporcionada con respecto a la población de las provincias, muchas de las cuales no podían sostener –aún hoy, no pueden- mínimos gastos públicos sin la ayuda del gobierno central. Esta situación resultó compensada a través del tiempo mediante mecanismos de coparticipación y mediante subsidios a la educación y la salud de esos territorios.

Pero en Buenos Aires, el gobierno nacional y el poder municipal convivieron –no sin fricciones- desde que aquella se convirtiera en Capital Federal. Y los porteños recibieron y recibimos los beneficios pero también los perjuicios de ese poder bifronte. Porque a medida que las provincias incrementaron su poder político –reformas constitucionales mediante-, los dirigentes políticos de más allá de la General Paz generalmente usaron a los porteños para su beneficio.

A veces como un simple peldaño para sus aspiraciones, otras, como un lugar para mostrarse y hacerse conocido y, no por último menos importante, como una especie de “banco” prestamista para reclamarle sostén.

La ciudad de Buenos Aires, es sabido, va perdiendo población. De 2.965.403 habitantes en 1991 pasamos a 2.776.138 en el 2001 [1]. De ellos, un 17,6% (alrededor de 580.000) son mayores de 65 años. Cabe destacar que mientras que la tasa anual de crecimiento de la población del país fue del 10,1%, la de nuestra ciudad disminuyó el 6,3%. O sea, cada vez menos contribuyentes sostienen un gobierno que suele titularse de “progresista”, que es cada vez más costoso y cuenta con mayor número de funcionarios.

Desde el 2003 hasta el 2006, el número de empleados pasó de 60.000 a más de 130.000, y el gasto de la ciudad en menos de tres años creció de alrededor de 1.800 millones a casi 4.000 millones de pesos [2].

Este fenómeno de achicamiento tiene varias causas. Primero, en los últimos años se ha producido un importante éxodo hacia los barrios cerrados del gran Buenos Aires, buscando –supuestamente- mayor seguridad. En segundo lugar, su población envejece más intensamente que el promedio del país.

Esto, seguramente, es consecuencia de una baja tasa de natalidad: 13,9% frente al 18,2% del promedio del país. Pero lo más importante es que la tasa de mortalidad es bastante mayor que el promedio total: 11,1% versus 7,6%. Y finalmente, tal vez lo agrave la situación de soledad de los porteños: un 26,1% de los hogares son unipersonales, cifra que baja en el promedio nacional al 9,9%.

Jefatura de la Ciudad: la pretensión de una epopeya

Cada intendente que tuvimos –o como se lo llama ahora, Jefe de Gobierno-, actuó como si fuera un nuevo fundador de la ciudad, sin importarle mayormente cómo se gastaban los recursos en tanto y en cuanto las obras públicas o los eventos artísticos otorgaran popularidad inmediata. Poco de mantenimiento y casi nada de obras de infraestructura. Jamás se consideró el mediano o el largo plazo sino el efecto instantáneo de lucimiento, aunque fuere efímero.

Los porteños ya perdimos la cuenta de las veces que se remodelaron las plazas de la República, la San Martín o la de Mayo. Y recordemos la campaña de los millares de arbolitos plantados o los nuevos pavimentos, que duraron hasta las elecciones.

Lo peor es que estos gastos o –llamémosle- inversiones, suelen estar pensadas para segmentos de población, que no necesariamente viven en Buenos Aires. Es más, la mayor parte de quienes gobernaron la ciudad parecieron desconocer la idiosincrasia y las costumbres de los habitantes porteños.

Los recitales multitudinarios, los mega eventos o el costoso mantenimiento de los teatros Colón y General San Martín, constituyen muestras culturales loables, destinadas a públicos diversos pero costeadas por los contribuyentes que habitamos la ciudad y no tenemos ningún privilegio en costo o en ubicación para los mismos. Se lucen eso sí, las autoridades comunales que, a veces, ni siquiera viven en ella.

Millones de visitantes transitorios

Diariamente, esta gran urbe recibe a millones de habitantes de los suburbios que ingresan para trabajar, consumir, orinar o defecar en ella, generando polución e incomodidades a sus habitantes permanentes. Por cierto que cualquier gran ciudad del planeta sufre problemas parecidos –París o New York, por ejemplo-, pero convengamos que en ellas existe mucho mayor orden y limpieza.

Un dato curioso: entre el año 2000 y 2004 los residuos recibidos por el Ceamse disminuyeron (sic) un 24%. No se trata de que los porteños producimos menos desperdicios, sino de que hay un traslado clandestino de ellos.

Hasta el 2004 –último dato registrado en el Anuario Estadístico del Indec-, ingresaban 70.000 vehículos por día, solamente a través de los puestos de peaje. Además, entre 2000 y 2005 [3] se incorporaron más de un millón de autos al parque automotor, de los que una buena parte se patentaron en el gran Buenos Aires y tienen ingreso continuo en nuestra ciudad.

La misma fuente indica que en el año 2000 llegaban, por diversos medios de transporte, 4.590.000 personas por día y en el año 2004 ese valor había aumentado a 4.830.000, es decir, un 5,2%. Por otro lado, la mayor parte de la líneas de transporte colectivo tiene destino final en Buenos Aires, tornando irrespirables algunas zonas céntricas.

Buenos Aires genera el más del 25% del PBI nacional [4] y sólo recibe una coparticipación federal que le acerca el 10,7% de los recursos [5]. Por su puerto pasa alrededor del 30% de las exportaciones argentinas, 50% de las importaciones y, pese a no contar con grandes industrias y no disponer –obviamente- de recursos naturales, exporta más manufacturas que 11 provincias argentinas[6].

Alrededor de un cuarto del total de automotores patentados lo son en Buenos Aires, pero su contribución al presupuesto nacional de vialidad es proporcionalmente mucho mayor, pese a que las rutas nacionales sólo abarcan unos pocos kilómetros dentro su superficie. Y esos automotores de habitantes locales, pagan caros sus estacionamientos porque éstos están encarecidos fuertemente por sus visitantes suburbanos que cotidianamente ingresan a nuestra ciudad, saturando la autopista Panamericana por casi tres horas diarias [7].

Positano es una ciudad veraniega sobre la costa amalfitana (Italia), que tiene la particularidad de estar serpenteada por una sola calle con dirección única para el tránsito automotor: se entra a la villa por el lado sur y se sale de ella por el norte. Los pocos lugares aptos para estacionamiento de automóviles son exclusivos de los habitantes permanentes, y para los turistas se ofrecen costosas playas de estacionamiento, no siempre cercanas a los hoteles.

Nuestros legisladores de la Ciudad podrían tomar nota y aplicar este buen ejemplo, y proteger así a sus sufridos contribuyentes que
cada dos meses pagan cifras no menores en concepto de Patentes de Automotores (que generan casi 7% de los ingresos).

Hospitales colapsados y peor nivel de salud

En los hospitales de Buenos Aires se atiende a infinidad de personas que no residen en ella. Algunos de esos hospitales están a cargo del gobierno nacional pero otros son municipales, y tienen la obligación de atender a cualquiera que afirme no tener recursos, cualquiera fuere su provincia o país de residencia.

Por eso, hace unos años, llegaban desde Paraguay camionetas charters, trasladando personas que venían a operarse cataratas en el Hospital Santa Lucía, que obviamente tenía sus servicios colapsados.

Desde luego, el concepto argentino de hospital se enfoca como un servicio social destinado a proteger la salud de aquellos que no tienen dinero ni cobertura de ningún tipo para hacerlo. Recordemos que el 74% de los habitantes de Buenos Aires sí tiene una “obra social y/o un plan médico o mutual” (en país sólo el 45,7%) [8].Y nos parece bien que con fondos de los contribuyentes porteños así se proceda solidariamente -o de igual manera que ante situaciones de emergencia o catástrofe-, pero no nos parece muy equitativo que ello se haga desatendiendo a sus habitantes más desfavorecidos económicamente, en beneficio de quienes no residiendo aquí, sólo se trasladan para usufructuar estos servicios.

Se trata de una verdadera injusticia en la que no reparan -o no suelen reparar- los candidatos a bancas legislativas o al mismísimo puesto de “Jefe de Gobierno”. Mientras tanto, las condiciones de salud de los porteños empeora: comparadas con el 2002, durante el año 2003 las muertes a causa del SIDA crecieron un 12,1% mientras que en el promedio del país fue del 2,9%.

Todavía peor es la comparación en el número de muertes por tuberculosis: se incrementaron un 14,3% frente a la disminución del 7,8% que se registro en todo el país. Y hasta aumentó la mortalidad infantil, pese a que en todo el país esta disminuyó levemente. Todo esto pese a que existiendo en nuestro país un establecimiento asistencial de salud cada 4.690 habitantes, en nuestra ciudad existe uno cada 91.096 habitantes, los que sin duda, son de mayor tamaño.

Y tenemos varios establecimientos: los hospitales municipales Borda y Moyano, que se ocupan de enfermedades psiquiátricas; el Udaondo, de gastroenterología; existen tres de odontología (de Odontología, Quinquela Martín y José Dueñas); dos de oftalmología (Lagleyze y Santa Lucía); el María Curie, de oncología; y el María Ferrer, de rehabilitación respiratoria. Y, además, la ciudad produce el 21,7% de los graduados en medicina y disciplinas vinculadas con la salud. Sin embargo, la salud de nuestros habitantes desmejora.

Un eufemismo: barrido y limpieza

Nuestra ciudad es de las más sucias urbes de Sudamérica. Desde los comienzos de la concesión a Manliba, el servicio de recolección se ha ido poco a poco deteriorando. Cuando Fernando de la Rúa accedió a la Jefatura de Gobierno, se quintuplicó el número de concesionarios –uno de ellos la propia administración de la ciudad-, con el sano objetivo de impulsar la competencia y mantener un caso testigo.

Pero la limpieza no mejoró, sino que la falta de higiene se agravó. Para colmo, desde la crisis de diciembre del 2001, la ciudad está diariamente invadida por “cartoneros” que se ganan la vida clasificando y agrupando los residuos, pero dejan secuelas que significan un verdadero picnic para la millonaria población de ratas porteñas.

En realidad, esa tarea de clasificación es muy necesaria, pero debiera ser realizada por personas equipadas asépticamente y empleadas por empresas o instituciones con responsabilidad como empleadores, y no por mafias que las explotan. Además, se tendrían que regular horarios, recorridos y condiciones de circulación (con luces o pinturas fosforescentes), para que esta sin duda ventajosa tarea, no importune ni perjudique a otras labores también necesarias. Cuando algún vehículo atropelle a algún “cartonero” y ocurra una tragedia irreparable, seguramente, las autoridades de la ciudad declararán la “emergencia cartonera” y se dictarán las medidas que la hubieran evitado.

Las villas de emergencia y los llamados “carritos” de la costanera

Las villas de emergencia no son nuevas en Buenos Aires, la Villa 31 tiene varias décadas de antigüedad. Las casuchas originales, de cartón y lata, se han ido transformando con el correr de los años en edificios con losas y ladrillos, de varios ambientes y dos, tres y hasta cinco plantas. Algunos de sus primitivos habitantes –en ese momento verdaderos homeless- se han transformado actualmente en prósperos propietarios rentistas, con muchísimo poder político, al servicio de otros políticos que no quieren por nada del mundo que desaparezca esta fuente cuantitativamente importante de votos y fuerzas de choque.

Por supuesto, vive en ella gente honrada y trabajadora, pero otra –seguramente menor, pero con más presencia- que utiliza a la villa como una suerte de aguantadero, que se halla cercano al Barrio Norte y cuenta con vecinos atemorizados, discretos y silenciosos cuando la policía pregunta.

Muchos credos religiosos también tienen activa participación en la Villa 31. Su beneficiosa acción social y espiritual no impide que adhieran su fuerza –que no es poca- en contra de una necesaria erradicación.

Pero ocurre que la Villa 31 impide la continuación de la obras de la autopista Illia, demorando el tránsito de personas y cargas a través de la ciudad, desde el sur hacia el norte y viceversa. El gobierno de la ciudad tiene predios como para relocalizar a la población de estas “villa miseria” y cuenta con fondos suficientes como para costear la edificación de viviendas dignas y con servicios de aguas corrientes.

Sólo que no hay decisión política, porque nadie quiere aplicar un plan que generaría quejas de los beneficiarios actuales (rentistas, comerciantes, caudillos o delincuentes) aunque beneficiaría a decenas de miles de habitantes de la ciudad y del gran Buenos Aires que transitan por ella.

El gobierno de facto de Onganía, que terminara en un rotundo fracaso en casi todos los órdenes –salvo dos excepciones no menores: la construcción de la represa del Chocón y la puesta en marcha del sistema de autopistas porteñas, que, aunque incompleto, los usuarios nunca terminaremos de agradecer-, logró gran parte de su prestigio inicial, gracias al desalojo de los puestos de “choripan” mediante las topadoras municipales.

Algunos de los “propietarios” de esos puestos de entonces, llamados popularmente “carritos”, terminaron finalmente como concesionarios de otros nuevos “carritos” –ahora verdaderos edificios, con aguas corrientes, buena iluminación e imprescindible refrigeración, tanto de alimentos como de los salones- en una zona que resultó cita obligada de todo visitante extranjero de Buenos Aires antes de que se hiciera Puerto Madero.

Pues bien, esas concesiones siempre están en la cuerda floja de la renovación o de una nueva licitación, por lo que ha comenzado su lamentable decadencia. Pero lo más grave, es que se han vuelto a instalar nuevos “carritos” sobre la acera derecha, sin heladera, sin agua y sin baños, y sin que el Gobierno de la Ciudad diga una palabra.

Autopistas: los mitos ecológicos

Durante la intendencia del Brigadier Cacciatore, se elaboró un plan de autopistas que estuvo a cargo del Ing. Guillermo Laura, el que no pudo completarse con la Autopista Central, cuyo proyecto recorría la ciudad de norte a sur, como complemento necesario a la Av. Gral. Paz y a la futura autopista costera, esa que ningún gobierno termina por definir si será de tipo “trinchera”, elevada o a nivel.

A dicha proyectada Autopista Central se opusieron principalmente los vecinos afectados por su mudanza, aunque una buena parte de los inmuebles a demoler, ya habían sido expropiados e indemnizados sus propietarios. Pero la mayor objeción pública estuvo a cargo de la corporación de arquitectos, que adujeron diversos tipos de argumentos: desde cuestiones ecológicas hasta sostener que se trata “de un sistema que ya no se usa”.

Lo cierto es que la autopista no se construyó y quienes tienen que circular desde el norte hacia el sur de Buenos Aires y viceversa, por el centro geográfico de la ciudad, deben usar y gastar el pavimento que pagamos los porteños con nuestros impuestos, mientras que esa corporación, seguramente, está exenta de aportarlos.

Todas las grandes ciudades del mundo cuentan con una sofisticada red de autopistas porque es la manera más apropiada de disminuir la contaminación (salvo prohibiendo la circulación); porque aumenta la productividad y al eficiencia de la distribución de bienes; y porque incrementa la productividad horaria o permite mayor ocio de quienes circulan en medios propios o públicos de transporte.

Ello, independientemente de que, inteligentemente, se estimule el mayor uso de transporte público o la utilización compartida de automóviles particulares. Pero resulta increíble que una causa relativamente justa, coordinada por una corporación profesional, termine perjudicando a millones, absorbiéndoles tiempo, o sea, un bien preciado del ser humano, el único recurso no renovable para él y que es irrepetible en forma sintética.

Muchos de los detractores de autopistas que en nombre de la calidad de vida se oponen a su construcción, ignoran que ellas bajarían fenomenalmente la tasa de muerte por accidentes de tránsito. Todo porque se adoptan posiciones románticas pero demagógicas –una vuelta a la sociedad de hace 100 años- que anulan el más modesto sentido común. Si se fabrican centenares de miles de automotores, se tiene que permitir una infraestructura que los contenga, pero ninguno de estos defensores de la calidad de vida y de no permitir el recalentamiento del planeta, se anima a plantear el cese de la industria automotriz porque ello sería tremendamente impopular y aumentaría trágicamente la desocupación.

La policía no es importante para la ciudad, dijo Scioli

Ahora resulta que el actual Vicepresidente Scioli se ha “borocotizado” rápidamente. En pocos días, con total desparpajo, parece haber revalorizado su niñez en el gran Buenos Aires y desvalorizado su origen porteño. Recientemente sostuvo muy suelto de cuerpo que “la policía no es importante para la ciudad”.

Esta ingenuidad –por llamarla de algún modo- muestra un caso más de políticos no comprometidos con la solución a los problemas de la ciudad, que se limitan a usar a sus ciudadanos votantes como meros preservativos, eso sí, reciclables. Y ello ocurre por un simple “dedazo” de quien se siente dueño del poder y no su empleado, tal como dispone la Constitución.

Es el mismo método que el que utilizó para que su mujer deje de representar a los santacruceños para pasar a hacerlo de los bonaerenses. Esto no sucede en muchas sociedades, aun aquellas no muy serias.

Precisamente, la carencia de una fuerza policial local hace que Buenos Aires se haya transformado en “tierra de nadie”, ya que la Policía Federal y las restantes fuerzas de seguridad atienden las preocupaciones de la presidencia o del ministerio del interior, desestimando los problemas vecinales, salvo los casos de pérdidas de vida o sucesos muy escandalosos.

Es más, en las zonas porteñas cercanas a este lado de la General Paz, hay ingresos transitorios de delincuentes que habitan fuera de la ciudad, a la que visitan para delinquir (con fuertes sospechas de que se trata de verdaderas “zonas liberadas”).

Contrariamente al ex-porteño Scioli –al menos por ahora-, una gran mayoría de quienes se postularon como candidatos a Jefes de Gobierno en todos estos años pasados, no nacieron en Buenos Aires. Es cierto que la condición de porteño nativo no la exige la constitución local, ni tampoco debemos olvidar que un extranjero, como el Intendente Bullrich, tuvo una las gestiones más eficientes de la historia de la ciudad.

Pero sí nos da la pauta reveladora de que para muchos políticos, gobernar Buenos Aires es mucho más un medio que un fin, aunque se deshagan en promesas acerca de que no abandonarán su gestión si les llegan a ofrecer con alguna posibilidad de éxito, la presidencia o la vicepresidencia de la nación, o la gobernación de Buenos Aires.

Suponemos que ahora Scioli, sí considerará importante a la policía de la provincia, esa “maldita policía” que tanto disgustos le ha dado a gobernadores casi siempre justicialistas. Pero sería harto beneficioso para los sufridos ciudadanos porteños, que los candidatos a Jefes de Gobierno explicaran cómo –si es que piensan hacer algo por nuestra seguridad personal y patrimonial- harán para disminuir el delito a niveles de tolerancia similar al de otras grandes urbes.

Buenos Aires botín de paz

Como Buenos Aires fue hasta hace relativamente poco tiempo, parte de la jurisdicción nacional, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los sucesivos Intendentes designados por éste, sintieron muchas veces que podían disponer del patrimonio municipal para ceder bienes del patrimonio municipal o el derecho a su usufructo.

Diversos clubes o instituciones –no siempre de bien público-, resultaron beneficiarias a lo largo de los años, desde la federalización del distrito en 1880. Pero hay dos hechos relativamente recientes, que se destacan por su impudicia. Uno, es la cesión de la privilegiadamente ubicada onda radial perteneciente a la que fuera Radio Municipal, al empresario Daniel Hadad, la actual Radio 10.

El otro, es la cesión del espacio donde se encuentra el fondeadero y el espigón de la Costanera Norte, al Sindicato de Obreros y Empleados de Obras Sanitarias de la Nación –el pretexto fue que “los compañeros del gremio puedan pescar”-, y que por obra de una “mano negra”, no se escrituró a nombre del Sindicato mencionado sino a nombre de uno de sus apoderados, quien luego lo vendió, a su exclusivo beneficio, a inversionistas privados que hoy –o sus continuadores- lo explotan.

La mezcla de jurisdicciones nacional y local, junto al desarraigo, desconocimiento y oportunismo de muchos de los gobernantes de la ciudad, constituyeron así una mezcla letal para la conservación del patrimonio municipal. A nosotros, los ciudadanos porteños no solamente no nos defiende nadie, sino que casi siempre somos utilizados como financistas de presupuestos que se aplican a obras o espectáculos que benefician a ciudadanos de otras provincias, y que usan a nuestro territorio como un alojamiento transitorio.

El negocio de la TV por cable y los “porteños”

Hace ya bastantes años, los conocidos empresarios Eurnekian y Liberman, comenzaron a “cablear” distintos barrios de la ciudad, con el objeto de brindar el servicio de TV por cable. Tiempo después, la tarea fue emulada por el Grupo Clarín. Luego de una intensa competencia inicial, la sensación de los “porteños” es que se pusieron de acuerdo entre sí tanto para no tener que enfrentar una guerra de precios –que, naturalmente, hubiera beneficiado a los usuarios-, como para hacer presión ante las autoridades locales de manera que no se inmiscuyeran con reglamentaciones inconvenientes para el negocio, aunque lo fueran para sus gobernados.

Por eso, cuando estas autoridades (el viejo Consejo Deliberante -hoy Legislatura de la Ciudad-, o el Intendente -hoy Jefe de la Ciudad-) quisieron reglamentar sus aspectos estéticos y el uso del espacio público, la acción de los tres grupos empresarios (sobre todo Clarín, amenazando con “ningunear” a los políticos que pretendieran llevar adelante semejante campaña) logró que no se hablara más del tema, seguramente esperando que, dentro de cierto tiempo, se produzca la prescripción treintañal de nuestro Código Civil y ese espacio usurpado al ejido municipal sin costo alguno, pase a ser de propiedad plena de quienes lo “cablearon”.

Por su parte, los dos empresarios nombrados vendieron sus empresas en varios cientos de millones de dólares, y el Grupo Clarín es actualmente miembro del duopolio que controla la televisión por cable en Buenos Aires, siendo los porteños un verdadero mercado cautivo del mismo.

Lo que debiéramos exigir a nuestros futuros elegidos.

Todos estos comentarios –sobre hechos con distintas consecuencias pero con el origen común de la desidia, la mala fe o la deshonestidad de quienes rigieron el municipio o la ciudad autónoma-, nos llevan a proponer que tanto los candidatos a Jefes de Gobierno como los aspirantes a ocupar bancas en la Legislatura de la Ciudad o en el Congreso Nacional, se comprometan ante el electorado sosteniendo que buscarán subsanar este estado de cosas, deteniendo sus efectos injustos o nocivos, y juramentando que nuestra ciudad no seguirá perdiendo territorio, derechos o patrimonio, ni continuará siendo la ingenua proveedora de fondos aportados por sus habitantes, pero que serán usufructuados por quienes no lo son.

Ahora que una cierta cantidad de postulantes a la jefatura de gobierno y a las bancas, están tanteando sus posibilidades electorales, resulta un buen momento para preguntarles y comprometerlos sobre cuáles serán sus políticas. Creemos que debiéramos exigir a nuestros potenciales representantes y mandatarios el compromiso solemne de:

1) Luchar y recuperar la coparticipación impositiva en base a un sistema más equitativo con la contribución que la ciudad hace al PBI;

2) Poder disponer y dirigir una fuerza policial propia, que permita disminuir la cantidad de delitos y de aquellos no resueltos;

3) Recuperar el manejo de la política de transporte público en el distrito;

4) Aplicar el presupuesto de salud en su parte principal, a los ciudadanos que viven y contribuyen impositivamente en la Ciudad;

5) Estimular a los gobernados residentes –sea con menores costos, subsidios o ubicaciones preferenciales-, para disfrutar de espectáculos, eventos o instituciones, cuando son financiados por la ciudad. De esta manera, podremos verificar el grado de conocimiento que ellos tiene sobre nuestras necesidades y, a su vez, el grado de compromiso que asumen quienes pretenden representarnos. Y vamos a poder medir, también, la dosis de coraje que los acompaña para proponer las medidas y los cambios que sean necesarios [1].

Citas:

[1] Censo 2001, Indec
[2] Economía & Finanzas – Informe Especial, diciembre 2006, pg127. www.econoyreg.com.ar
[3] Según datos de ACARA, entre 1998 y el año 2006 se patentaron en promedio 277.000 vehículos por año.
[4] Consejo Federal de Inversiones, año 1995 (base: valores constantes de 1986).
[5] Economía & Finanzas – Informe Especial, diciembre 2006, pg.7. www.econoyreg.com.ar
[6] Anuario Estadístico 2000, Indec.
[7] “La saturación de la Panamericana”, por Manuel Solanet, El Cronista, 13-12-2006, pg.16.
[8] Anuario Estadístico 2005, Indec.

Fuente: Perspectivas - Estudio Adolfo Ruiz & Asociados Microeconómicas. Gentileza para NOTIAR del Dr. Enrique Guillermo Avogadro.

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