Más de una vez hemos señalado que cuando la memoria y las lecciones de nuestro trágico pasado no son asumidas con una visión integral, sólo se logrará retroalimentar viejos odios. Si aquella memoria es utilizada como una mera manera de obtener venganza y prolongar los conflictos, la necesaria reconciliación estará cada vez más lejos.

Lamentablemente, se advierte una profusa insistencia oficial, al analizar los episodios de violencia de los años 70, en una visión sesgada y parcial, que suele ignorar las acciones de los grupos guerrilleros que tuvieron en vilo a la sociedad argentina y otros hechos que llevaron a la interrupción del período constitucional del gobierno de María Estela Martínez de Perón.

Ni el accionar de la guerrilla -incluidos secuestros extorsivos, copamientos de unidades militares, asesinatos de empresarios, atentados con explosivos y muerte masiva de personas inocentes- ni el extremo descalabro económico y político que se vivió durante el gobierno peronista que concluyó abruptamente en 1976 justificaban, desde luego, la ruptura del orden institucional y la llegada de las Fuerzas Armadas al poder.

Si hay algo que puede calificarse de positivo hoy, a 32 años de aquellos amargos tiempos, es que la inmensa mayoría de la ciudadanía rechaza cualquier aventura golpista contra las instituciones de la República.

Sorprenden, entonces, algunas alusiones casi permanentes de la actual jefa del Estado a sectores supuestamente interesados en volver al pasado. Aun cuando puedan existir, como en casi cualquier parte del mundo, opiniones contrarias al sistema democrático, el peso y el tamaño de sus cultores son tan minúsculos que ni siquiera merecerían una referencia por parte de la presidenta de la Nación. A menos que, bajo el manto de las apelaciones al pasado trágico, se busque ocultar otras tragedias de nuestro presente.

Pero la deformación de nuestro pasado y la sucesión de falsedades históricas, sustentadas en posiciones ideologizadas, han ido mucho más allá de los discursos oficiales. En escuelas y en medios de comunicación se oye que el golpe militar de 1976 respondió a un plan de saqueo de la riqueza nacional pergeñado por malignos intereses supranacionales con la colaboración de personeros locales, a los que luego se les entregó la conducción de la economía en el gobierno militar.

Según esa misma interpretación, la imposición al pueblo de la dureza de ese plan de exacción y exclusión social requería aniquilar a quienes se resistieran y ésa sería la razón de las desapariciones operadas por un accionar de las fuerzas armadas que, en rigor, tuvo sus antecedentes en el gobierno de Isabel Perón y en la mal recordada Triple A.

Todas estas versiones, desde luego, pueden ser analizadas y debatidas. Pero no parece procedente que, a partir de ellas, se desate ahora una suerte de caza de brujas que apunte a los funcionarios civiles de aquel gobierno militar. Su gestión, naturalmente, admite los juicios y las críticas que sus resultados exponen, pero si en tres décadas ni la Justicia ni la realidad han demostrado enriquecimientos indebidos o hechos de corrupción, tal vez haya llegado la hora de poner fin a tamaño ensañamiento.

La persecución de que están siendo objeto el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de su equipo está enmarcada en aquellas teorías vinculadas con el presunto plan de saqueo y constituye un capítulo más en la escalada de odio y división que lamentablemente está caracterizando nuestra vida ciudadana.

Llama la atención también que el poder político y el Poder Judicial no estén actuando con la indispensable imparcialidad, cuando se dispone la anulación de algunos indultos concedidos durante la presidencia de Carlos Menem y no hacen lo propio con los correspondientes a jefes guerrilleros que también se beneficiaron con el perdón que les concedió ese mismo primer mandatario. Cabe recordar, en ese sentido, que durante el gobierno menemista fueron indultados 57 miembros de organizaciones guerrilleras, encabezados por los integrantes de la cúpula de Montoneros.

La Argentina necesita dejar atrás, sin por ello olvidar, los trágicos factores de discordia que desgarraron a su sociedad.

Cuanto antes deberá revisarse el camino para buscar la reconciliación de los argentinos, con un reconocimiento simétrico y superador de las culpas concurrentes de un pasado que, a partir de una memoria integral, deberá quedar atrás para construir un futuro mejor.

Fuente: LA NACIÓN

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