La verdad jamás estará en los ignorantes, en los cobardes, en los cómplices, en los serviles y menos aún en los idiotas.
Happy birthday, Mr. President.
Por Jorge Lanata.
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La verdad jamás estará en los ignorantes, en los cobardes, en los cómplices, en los serviles y menos aún en los idiotas. |
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Happy birthday, Mr. President. Por Jorge Lanata. |
“Claudio: El negocio éste es así en Argentina. De ahora en más es así, por lo menos en esta etapa. Y va a ser siempre así. Entonces, o vamos así y somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos. Pero no podemos hacer chanchadas como las que hicimos: que sí, que no, que coqueteamos con los mafiosos y después nos queremos bajar, nos queremos salir.
Javier (…): Vos sabés que está todo infiltrado, que hay compromisos de otros lados. Estos te limpian.
Claudio: Sí, terminás en una zanja.
Javier: Es un negocio de cien millones de dólares. De cien millones de dólares. Eso, de parte nuestra, más lo de ellos, no sé... doscientos palos verdes... ¿Y vos les vas a tirar el negocio abajo? ¿Al tipo que hizo el tromping y al muchacho, al pingüino de acá a dos cuadras?”
Claudio Corizzo, auditor interno de la multinacional sueca Skanska y Javier Azcárate, el ex gerente comercial. El diálogo entre ambos se produjo en marzo de 2006 en la sede de la empresa, Diagonal Sur al 500, a dos cuadras de la Casa de Gobierno.
Generaciones de estudiantes de Derecho repetirán hasta el cansancio el caso del Decreto 539/2007. Sin advertirlo, el gobierno K ingresó en la historia de la jurisprudencia mundial con un decreto que será estudiado como el primer caso de “Iuris coloquialis” o “Derecho charlado”, en el que también puede advertirse, en los considerandos, un certero homenaje a la prosa automática surrealista de André Breton y Louis Aragon.
El decreto resuelve dejar sin trabajo al titular del Enargas y al gerente de Fideicomisos del Banco Nación, sospechosos de haber circulado parte de las coimas del caso Skanska. Lo curioso es que comienza con una arenga: “Considerando –dice– que en el inicio mismo de nuestra acción de gobierno nos planteamos que, por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, éste era el turno del cambio cultural y moral que demanda el país.”
Y un par de párrafos adelante, comienza la anécdota: “Que en el día de la fecha, en comunicación telefónica con el señor ministro del Interior, el fiscal Dr. Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle ‘que colaboraría con la campaña de Scioli’, le expuso además “me los llevo puestos a Madaro y a Ulloa”, en virtud de una grabación que había escuchado.
Considerando que se trata de un decreto y no del Diario de Ana Frank, uno podría preguntarse por la necesidad de la frase sobre Scioli; ¿también se habría puesto: “El fiscal afirmó que está nublado”, si se hubiera referido al clima?
Pero el decreto fundador del “Iuris coloquialis” va todavía más allá; en el anteúltimo párrafo dice: “Que esa sola circunstancia, la sola y directa mención del fiscal de la causa al Sr. ministro, aun con el riesgo de involucrar a inocentes, amerita ordenar la inmediata separación de aquellos aludidos no sólo para permitir la plena libertad de acción de la Justicia sino también para impedir cualquier interpretación antojadiza de la actitud del Gobierno en este punto, lo que torna innecesario esperar las citaciones judiciales que pudieran o no producirse”.
Todo sería encantador, altamente simbólico y exegético del Derecho si Madaro y Ulloa hubieran sido los dos únicos mencionados por Stornelli. El pequeño problema radica en que el pedido de declaración indagatoria, acompañado de la solicitud de implantar el secreto del sumario, también alcanza a:
- Daniel Cameron, secretario de Energía.
- Hugo Muñoz, vicepresidente del Enargas.
- Mario R. Vidal, director del Enargas.
- Cristian Folgar, subsecretario de Combustibles.
- Gustavo Vago, Ingeniero Piantoni, José Alonso, Javier Azcárate, Héctor Obregón, Alejandro Gerlero, Juan Carlos Bos, Roberto Zareba, Sergio Sarega, Eduardo Varni, Morano, Juan Pablo Cárcamo, así como integrantes de Skanska SA.
- Directivos de Odebrecht.
- Roberto Phillipps, Marcelo Brichetto, Víctor Pozzo, Jean Paul Maldonado, como integrantes de TGN (Transportadora de Gas del Norte SA).
- Jorge García y Pablo Ferrero, como integrantes del TGS (Transportadora de Gas del Sur).
- A la totalidad de los funcionarios públicos que integran la Unidad Ejecutora Obras Fideicomiso Gas, Area de Seguimiento y Control de Gestión: Ingeniero Oscar Domínguez, Ing. Roberto Prieto, Ing. Antonio Bogdán, Atilio Monti, Juan Gundín, Marcelo Merino, Carlos Moreno, Eduardo Ienarella, Fernando Converset, Mario Giménez, Miguel Núñez Cortés, Eduardo Mondelo, Alicia Colque, Guillermo Fernández, Gastón Salas, Oscar Otero y Sergio Martínez.
Todos, claro, en la misma condición que Ulloa y Madaro. ¿Por qué, entonces, sólo separar a dos? La premura del Gobierno por “echar lastre” y cerrar lo antes posible cualquier investigación sobre Skanska parece jugarles una mala pasada. Las declaraciones del Presidente sobre el punto son cada vez más contradictorias, y el silencio del resto, sumado a los increíbles argumentos de Aníbal y Alberto Fernández, sólo terminan echándole más leña al fuego.
Para colmo, hay un requerimiento anterior de Stornelli al juez, con fecha del 26 de diciembre del año pasado, que el Gobierno se preocupó por ocultar: en la causa por cohecho, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y asociación ilícita, impulsa la acción penal contra “funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José Francisco López, y del Ente Regulador del Gas, ambos dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Julio De Vido”.
El secretario de Energía, el subsecretario de Combustibles y el secretario de Obras Públicas están lo suficientemente cerca de De Vido para que el otro hecho insólito respecto del decreto de marras haya sucedido: lleva la firma del Presidente, de Alberto F y del propio De Vido, convencido de que no hay mejor defensa que un buen decreto.
La actitud del Gobierno al apurarse para separar a dos y dejar al resto afuera (más que nada, del resto hacia arriba) contrasta con la mantenida por la misma administración frente al procesamiento del ex secretario de Agricultura Miguel Campos, quien no sólo fue citado a indagatoria sino que, estando procesado, se mantuvo en su cargo (hoy está sobreseído y trabaja bajo el ala de Alberto F) o frente a la citación recibida por el actual ministro de Trabajo esta misma semana. Ambos, según la nueva jurisprudencia “coloquialis extremis”, deberían haber sido despedidos de inmediato.
En los pasillos de Tribunales, la decisión oficial encuentra otra explicación; Ulloa y Madaro habrían sido el límite acordado por el juez Montenegro con la administración K: hasta ahí iba a llegar.
STORNELLI: ¿LO LLEVARON A LA CAMA O SE METIÓ SOLITO?
—Montenegro ya había decidido hacer la plancha hasta después de las elecciones”, confió a PERFIL una fuente de Comodoro Py.
Todos hablaban del audio ése, pero nadie creía realmente que podía aparecer. Cuando saltó el audio y sumó el pedido urgente de Stornelli, Montenegro sintió que tenía que trazar alguna línea.
¿Y con respecto a Stornelli? ¿Cuál de los dos es el verdadero? ¿El que cita e investiga o el que llama al Gobierno para avisar?
—¿Que te creés, que es el único que llama y avisa?”, le dice a PERFIL un conocido abogado del foro local.
El llamado de Stornelli a Aníbal Fernández fue combinado por Graciela Ocaña a pedido de Alberto. Stornelli y Ocaña se han vuelto muy amigos desde que el fiscal se desempeña, también, como fiscal de la Tercera Edad: han participado juntos en diversos allanamientos e investigado varios casos. Consciente de esa relación, Alberto le pidió a Ocaña ese favor: que Stornelli les avisara en el caso de que fuera citado algún funcionario en la causa Skanska.
Hoy, después del decreto y viendo el desarrollo de los hechos, Ocaña se siente culpable de una cama que ayudó a tender.
La relación entre los K y Stornelli era, a principios del Gobierno, bastante conflictiva: en junio de 2004, cuando el presidente K denunció la existencia de un complot “y de nostálgicos que quieren inviabilizar el Gobierno” (citando como responsables a López Murphy, Macri, el Grupo FIEL, etc.), Stornelli le pidió a la Cámara Federal que investigara, y la causa cayó en el entonces juez Galeano. K consideró “lamentable” la actitud del fiscal: “Que no le meta miedo a la gente haciendo denuncias que no existen”, dijo el Presidente. “Hay quienes quieren judicializar la lucha política”, abundó.
Pero nada de eso le importó a Stornelli cuando, obediente, llamó para avisar. Hoy, Montenegro, uno de los jueces de la causa (el otro es López Biscayart, en el plano impositivo) espera que alguien recuse al fiscal para sacárselo de encima. Y no hay mejor prueba para demostrar la conversación entre fiscal y el ministro del Interior que un decreto firmado por el Presidente.
La peor semana para el Gobierno desde la derrota en Misiones termina en suspenso:
- El caos en la estación Constitución.
- El conflicto que sigue abierto en Santa Cruz.