Cantidad de acusados, integrantes del Tribunal y Defensores. 

Los integrantes del MTP capturados, fueron sometidos a juicio por los actos criminales contra soldados y cuadros del Ejército, policías y civiles, asesinados, heridos y tomados como rehenes. 

Los terroristas detenidos y sometidos a proceso fueron 20: 13 rendidos en el interior del cuartel. 5 pertenecientes al grupo externo “agitación” detenidos en el auto de F. Provenzano. 2 detenidos durante la investigación posterior. 

La norma que infringieron los terroristas y por la cual fueron juzgados, fue la  ley 23.077 (llamada “De defensa de la democracia”) que paradójicamente,  había sido hecha para reprimir los golpes de Estado. La Cámara Federal estuvo constituida por los jueces:  Hugo Fosatti , Hugo Barral y Marta Herrera, y los fiscales adscriptos al tribunal: Raúl Plé y Pablo Quiroga. 

Como defensores de los detenidos actuaron los abogados: Eduardo Salerno, Marta Fernández de Burgos (esposa de un terrorista muerto y madre de otro detenido e integrante del MTP), Antonio Roca Salinas, Octavio Carsen, Marcelo Palenque, Patricia Palenque, Tilsa Albani, Elena Moreno, Ramón Torres Molina, Alicia Oliveira y otros. 

Es interesante hacer referencia a un subtítulo aparecido en la revista “SOMOS” (22-2-89): “Los defensores del MTP se organizan”, en el que se citan a las siguientes organizaciones (siempre defensoras de DDHH de los terroristas, nunca de las víctimas de éstos) que colaboraron con sus abogados para la defensa de los terroristas subversivos, a saber: Liga por los Derechos del Hombre, Familiares de desaparecidos por razones políticas, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)[1], Movimiento Ecuménico por los DDHH, Asamblea Permanente por los DDHH e Izquierda Unida (PC y MAS). 

El desarrollo del juicio. 

El juicio se limitó sólo a los autores materiales del asalto a los cuarteles de La Tablada. Nunca se investigó ni se juzgó a los responsables políticos del acto criminal ni se dictó orden de captura nacional e internacional a los fugados, con excepción de Enrique Gorriarán Merlo.

Nunca se dieron a conocer oficialmente – como fruto de la investigación -  los objetivos reales del ataque ni las relaciones de los atacantes con algunos funcionarios del gobierno, ya que lo declarado por los detenidos (que había sido “en defensa de la democracia y para abortar un golpe de Estado”) no resistía el menor análisis y fue rechazado como causa por los jueces actuantes. 

La causa fue caratulada “Abella Juan Carlos s/Rebelión”, y tenía el  Nro 231/89. El jefe del Ejército general Cáceres como apoyo a lo actuado por los integrantes del Ejército en la defensa de los cuarteles, presenció algunas etapas del juicio oral. La defensa alegó la aplicación al caso del Art. 21 de la Constitución, que reza: “…la obligación de armarse en defensa de la Patria y la Constitución…” y además contrademandó por supuestas desapariciones forzadas, apremios ilegales, etc.,  que no prosperaron. 

Durante el proceso declaró el Ministro del Interior Enrique Nosiglia, quien estuvo evidentemente nervioso, aquejado con un temblequeo de las piernas que no pudo parar, tratando de eludir toda responsabilidad. Es necesario destacar que el Dr. Roca Salinas, defensor de los terroristas, dijo del ministro: “…el testigo fue mendaz por haber dicho que no conocía a Roberto Felicetti, ya que efectivamente lo conocía…” Esta falsedad surgió debido a que la misma gente del MTP,  a principios de 1988, había expresado que la Mesa Nacional del esa organización se había reunido con Nosiglia y en ese grupo estaba Felicetti. Sin embargo, sorpresivamente, los abogados de los presos desistieron de pedir el falso testimonio del ex ministro [2].

Sorprende que el Tribunal no interviniera por el falso testimonio de Nosiglia y no le haya abierto nueva causa penal por ese delito. ¿Sería por su cargo político…o por influencia de terceros?

La sentencia de la Cámara: 

El 5 de octubre de 1989, fueron sentenciados: a cadena perpetua 13 terroristas, otros  6 a condenas que iban de 10 a 15 años de prisión y el cura Puigjané a 20 años de prisión, la que terminó cumpliendo en un convento. 

Apelada la sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el fallo fue confirmado en marzo de 1992 por considerar que la queja “no fue suficientemente fundada”. En consecuencia Roberto Felicetti y Claudia Beatriz Acosta continuaron en reclusión perpetua; Miguel Aguirre, Luis Alfredo Díaz, Isabel Margarita Fernández, Gustavo A. Mesutti, José Alejandro Moreyra, Carlos E. Motto, Sergio Manuel Paz, Luis D. Ramos, Sebastián J. Ramos, Claudio N. Rodríguez y Claudio O. Veiga: pena de “prisión perpetua”. También se confirmaron las sentencias a penas de prisión: sacerdote Antonio Puigjané 20 años; Dora E. Molina 15 años; Daniel A. Gabioud Almirón y Miguel Faldutti 13 años; Juan Manuel Burgos y Cyntia Castro: 11 años  y Juan Carlos Abella: 10 años. 

Ante ese fallo desfavorable, los abogados de los terroristas, concurrieron por  ante la Comisión  de DDHH de la OEA la cual aceptó abrir la causa. Esta Comisión dictaminó a posteriori  “que se trató de un Conflicto armado no internacional y que el Estado no utilizó medios de combate ilegales y por lo tanto no violó el “Pacto de San José de Costa Rica”, ya que: “… los civiles que tomaron las armas se convirtieron en blancos militares legítimos mientras duró el ataque [3]…”. Ese mismo año, los terroristas alojados en la cárcel de Caseros comenzaron su primera huelga de hambre. 

Actividades de Gorriarán Merlo. 

Después del accionar criminal, Gorriarán se escapó a La Reja (Pcia. Bs. As.) pasando luego a Córdoba y de allí, en febrero, a Uruguay, donde tuvo gran apoyo de los Tupamaros, antiguos socios en la “Junta Coordinadora Revolucionaria” (Jorge Zabalaza jefe histórico de los Tupamaros en Uruguay declaró que su organización estaba dispuesta a “dar apoyo legal” a los terroristas) [4] para después recalar en Nicaragua desde donde comenzó – con apoyo del gobierno sandinista – a preparar la defensa de sus compañeros de infortunio, presos en Buenos Aires. 

Gorriarán después se desplazó a México desde donde inició  las maniobras de “solidaridad con los presos” concurriendo ante  la Federación Latinoamericana de Periodistas – FELAP- de la cual Quito Burgos había sido miembro. Por otra parte Lila Felicetti y el abogado Eduardo Salerno viajaron a Italia, Francia, Alemania, España e hicieron presentaciones ante los diferentes organismos de DDHH, grupos políticos y sociales, en procura de la “solidaridad europea” [5]

La nutrida acción sicológica para minimizar el daño. 

María Esther  e Isabel Caldú, familiares de uno de los terroristas abatidos, se reunieron con Miguel Bonasso en México y se pusieron de acuerdo para que  éste iniciara la mayor cantidad de denuncias por violaciones a los DDHH realizadas a los terroristas del ataque a La Tablada. Posteriormente, por gestión del Obispo de San Pablo (Brasil) Paulo Evaristo Arns – activo propulsor de la Teoría de la Liberación y actualmente miembro del Foro de San Pablo - consiguieron que ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados) las aceptara como refugiadas políticas. 

En el diario “La República” de Montevideo se publicaron los comunicados Nros. 1, 2 y 3 del “Frente de Resistencia Popular” (denominación de organización desconocida, presuntamente falsa) donde apoyaban mediante argumentos falaces el asalto terrorista del MTP. Posteriormente, el 4 de abril de 1989, este mismo diario publicó una carta de los propios terroristas detenidos que justificaban su acción. 

El abogado Eduardo Barcesat de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre – LADH –(Colateral del Partido Comunista) presentó una denuncia ante el Juez Larrambebere por la presunta desaparición de dos terroristas que habían atacado el cuartel de La Tablada. También Hebe de Bonafini, cuyos hijos fueron reconocidos terroristas, denunció apremios ilegales contra los terroristas detenidos. [6] 

Al año siguiente Gorriarán, desde la clandestinidad, patrocinó un festival musical en apoyo de los presos con la participación de la cantante nicaragüense Norma Elena Gadea y músicos argentinos. Continuaron los festivales musicales de apoyo y en el año 1994 comenzó la segunda huelga de hambre de los terroristas condenados. 

El mismo año  recrudecieron las volanteadas y actos relámpagos de los ex integrantes del MTP que no habían sido sometidos a proceso.

El gobierno realiza acciones para la opinión pública. 

Se dispuso un día de duelo Nacional por los caídos en La Tablada [7].

El Poder ejecutivo creó el Consejo Nacional de Seguridad por Decreto 83/89 (COSENA) presidido por el Presidente e integrado por los Ministros del Interior, de Defensa, Relaciones Exteriores, el Jefe de la SIDE y los Jefes del Estado Mayor Conjunto y Estados Mayores de las FF.AA., que tuvo efímera vida. 

El 11 de marzo, por el Decreto  327/89, el presidente facultó la intervención de las FF. AA. y su participación en la inteligencia interna en caso de accionar subversivo  (Art. 7°). Remitió también al Congreso Nacional una ley antisubversiva en donde aumentaban las penas por estos delitos y autorizaba para que participaran las FF. AA. en su represión cuando diere lugar a situaciones de combate. Nada de ello se concretó finalmente. Fueron todos gestos para la opinión pública. 

Dante Caputo (Ministro de RE) inició una gira mundial para explicar lo inexplicable y despegar al gobierno de los sucesos de La Tablada.  

Se solicitó la captura de Gorriarán Merlo a INTERPOL (Policía Internacional) de Uruguay, pero no a México (Nicaragua no tenía convenios) ni a otros países. 

Postura del Partido Justicialista. 

El PJ pidió ante la Cámara de Diputados interpelar al Ministro del Interior Enrique  Nosiglia y al Ministro de Defensa José H. Jaunarena, lo que fue rechazado por mayoría. 

Lo difícil de entender de este pedido de interpelación es que lo pidieran en Diputados donde el PJ era minoría y no en Senadores donde sí eran mayoría. 

Además el Dr. Cesar Arias, apoderado del PJ, presentó un escrito de 21 carillas promoviendo una investigación sobre los hechos de la Tablada y reclamando distintas medidas probatorias que inferían una connivencia entre los atacantes y funcionarios del gobierno.[8]. 

El diputado Justicialista Luis E. Cardozo presentó una denuncia de 71 páginas ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 en la que entre otras afirmaciones expresaba: 

“[…]Valiéndose de conflictos internos, las autoridades encararon la eliminación de gran cantidad de cuadros superiores y subalternos […] Toda la política arriba descripta tendió a desarticular el aparato de Defensa Nacional… y su reemplazo por “milicias populares”. Agregando más adelante “[…] “La maniobra final se implementó mediante la convocatoria  a la “resistencia civil en defensa de la democracia”, exacerbándose el odio hacia los militares y postulando la toma de cuarteles por el pueblo. El mentor de esta iniciativa fue el Dr. Federico Storani junto al Dr. Leopoldo Moreau[…]”[9] 

Las denuncias de portavoces del Justicialismo remarcaban la connivencia de miembros del partido gobernante con el MTP – como así también los anuncios previos fogoneados por Horacio Verbitsky desde el periódico “Página 12” – tenían como propósito afectar al candidato Carlos S. Menem , ante la inminencia de las elecciones presidenciales.

Sospechas de la conexión del gobierno con los actos criminales. 

En diciembre de 1988 medios periodísticos de Brasil revelaron que el intendente de Puerto Alegre había sido anfitrión de una reunión social de la que participaron Enrique Nosiglia (ministro del interior) y Carlos Becerra (secretario presidencial) por un lado, mientras que el MTP estaba representado por Enrique Gorriarán Merlo y Jorge Baños. 

En su libro “La Guerrilla de Papel” (ed SIELP, Pág. 71) el Senador salteño Horacio Bravo Herrera señalaba como posible que en dicho encuentro se hubieran acordado los términos de una operación de acción psicológica que se desenvolvería en enero de 1989 con la denuncia de una presunta conspiración entre Menem, Seineldín y Lorenzo Miguel. También se habría aportado un importante financiamiento que Gorriarán Merlo desviaría para desarrollar un proyecto propio que excedía  lo pactado. 

En el año 1989 E. Nosiglia (Ministro del Interior) y el Dr. Gil Lavedra (Secretario del Interior), mantuvieron reuniones con Gorriarán, a pesar de ser éste un terrorista acusado por el propio gobierno de Alfonsin y con causas criminales pendientes y órdenes de captura. [10] 

Era de público conocimiento en aquella época que Nosiglia era visitado por uno de los principales dirigentes del MTP, Francisco Provenzano, e intercambiaban información. [11] 

En 1987 la SIDE había producido un Informe muy completo sobre el nacimiento, desarrollo y las actividades del MTP  alertando sobre su peligrosidad, que no tuvo repercusión ni seguimiento por parte de los responsables de la seguridad interior del gobierno de Alfonsín (casualmente Nosiglia  y Gil Lavedra). Se ignora si ese informe llegó a manos del Presidente y en caso afirmativo, por qué no se le dio la importancia adecuada.  

También se tuvo conocimiento de una carta dejada por Francisco Provenzano a su hermano ante la posibilidad de su muerte. La misiva traslucía serias dudas sobre la operación que iban a realizar en La Tablada con respecto a la actitud de Gorriarán, como si sospechara que éste mantenía vínculos no declarados con personas del gobierno. 

La participación previa de activos dirigentes alfonsinistas con la propaganda engañosa del MTP.  

La facilidad con que, según sus propias expresiones,  se movió Gorriarán en la Argentina, permaneciendo, entrando y saliendo del país sin inconveniente alguno, antes, durante y después del ataque (con pedido de captura incluido). 

El resultado final. 

Durante el gobierno de Menen, Gorriarán fue capturado en México el 28 de octubre de 1995, trasladado a la Argentina, enjuiciado, condenado a reclusión perpetua y finalmente liberado por un indulto del Presidente E. Duhalde en 2003. Murió estando en libertad y luego de haber formado  un nuevo partido político revolucionario. 

Todos los terroristas sentenciados, ya fuere por conmutación de penas (gobierno de De la Rúa) o indulto (gobierno de Eduardo Duhalde), lograron su libertad pese a que sus condenas habían sido impuestas por crímenes gravísimos, con un alto grado de repercusión social y política. Alguno de ellos, como Roberto Felicetti integró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Aníbal Ibarra.

Referencias:

Informes