La verdad jamás estará en los ignorantes, en los cobardes, en los cómplices, en los serviles y menos aún en los idiotas.

Está en preparación un escenario de violencia política.

Por Carlos Manuel Acuña.

Mientras el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, inició su disertación ante la Cuarta Reunión de Jueces Nacionales con una directa alusión al creciente estado de inseguridad que vive la ciudadanía y el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, confesó que tiene “las manos atadas” para enfrentar el problema, numerosas noticias, comentarios y rumores crecen con relación a este tema que el kirchnerismo parece empeñado en ocultar.

Ya dijimos reiteradamente que nunca se desmintieron las informaciones demostradas hasta el hartazgo en el sentido de que militares venezolanos operan para formar doctrinariamente a grupos sociales casi siempre marginados y asentados en las periferias de la Capital Federal y las grandes ciudades.

El silencio de las autoridades avala por un lado estas verdaderas operaciones de inteligencia en favor del llamado “Socialismo del Siglo XXI” y por el otro permite superar que las sospechas de eventuales acciones directas en distintos puntos del país coincidan con la fundada presunción de que ocurrirán en algún momento que coincida con el incremento de la crisis política interna. Aunque se lo niegue y aunque los políticos en general vuelvan a no dar la cara como en el pasado, esto ya es un punto referencial para el análisis de una situación preocupante y recordatoria de esa misma época que se creía superada.

Así, no son pocos los que actualizan sus reflexiones sobre los verdaderos motivos de la reducción de la capacidad de inteligencia por parte de las fuerzas militares e incluso de las policías, que tienen vedada esta tarea cuando es orientada hacia tópicos específicos. Por obvias razones, lo que dejamos consignado admite varias interpretaciones, especialmente las que concluyen en una composición de lugar enriquecida día a día con determinadas operaciones donde se mezclan el poder creciente de Milagro Sala con epicentro en la provincia de Jujuy y extendida por toda la región, con el narcotráfico, su relación con las FARC y con otros nombres que mantienen su actualidad contestataria.

Por ejemplo, el del ex subsecretario de Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo, quien debió dejar su cargo cuando se supo que su nombre figuraba en la famosa computadora de Reyes como contacto con la mencionada banda narcoterrorista de Colombia. Ahora, Mattarollo, figura clave en toda la estructura terrorista de los años setenta, fue sacado del centro del debate y reubicado como simple asesor del mencionado y eufemístico organismo. En su lugar fue designado Martín Grass, otro activista de similares condiciones y un frondoso prontuario que lo señala con amplias conexiones entre militantes argentinos y extranjeros.

Esto es nada más que una repetición de datos que son soslayados por el oficialismo, pese a que los antecedentes de éstos y otros funcionarios demuestran que cada vez más rápido se extiende una red que necesariamente es creada con una finalidad determinada que es innecesario definir. Sólo será suficiente incorporar más datos como, por ejemplo, los que nos hablan del montaje de una gran estructura de negocios en determinadas provincias, donde los campos suelen ser ocupados por grupos de familia que se autodefinen como aborígenes, pero que negocian como expertos el abandono de las tierras previo pago a quienes actúan como representantes y se quedan con la mayor parte de lo que recaudan abonado por los legítimos propietarios.

Toda una forma de vida que contribuye a alimentar el desorden generalizado y a que la mención de la palabra “anarquía” deje de parecer una exageración para los más escépticos a quienes se les recuerda el doloroso período ocurrido hace unos decenios, época cuyos inicios también fueron negados como un organizado proyecto en marcha, pese a las evidencias que se acumulaban. Cosa de la “naturaleza humana”, que le dicen.

Como complemento podemos acotar que ahora, previa ayuda financiera a las intendencias receptoras, puede constatarse que en seleccionadas zonas rurales y en particular de la llamada “pampa húmeda”, son ubicados pequeños conglomerados humanos provenientes de “villas de emergencia” que rodean a las grandes ciudades. En lapsos cada vez más cortos en esos lugares ya se perciben hurtos de distinta importancia que incluyen abigeato y otras situaciones inquietantes que no pueden dejar de relacionarse con otros casos ya más que evidentes.

A propósito de los numerosos sucesos registrados estos días, muchos de los cuales trascendieron con un tratamiento periodístico algo más que escaso -el asalto a dos trenes que fueron saqueados totalmente y al descubrimiento de una partida de fusiles de asalto rusos cuyo destino ahora se desconoce- pudo saberse que estos días hubo una reunión muy reservada y prácticamente informal, entre oficiales y jefes policiales que no ocultaron a militares experimentados en estas cuestiones su inquietud por dos fenómenos concurrentes: la corrupción que invade a las filas policiales en muchos distritos y provincias, que abarca a la Federal, donde la situación es evaluada con fundada alarma por oficiales superiores y algunos retirados. El tema es intensamente considerado y podemos añadir que constituye una constante seguida con mucha y especial atención.

Por el momento es poco lo que podemos agregar a este panorama que se suma a una inestable situación general, excepto que los policías acotaron en esa y otras reuniones posteriores, una preocupación adicional que se divide en dos partes: una habla del crecimiento percibido en las últimas semanas de permisos de portación de armas por parte del RENAR en favor de personas de dudosos antecedentes y sin mayores requisitos; otra, el reclutamiento de los llamados “piqueteros” que, por indicación del Ministerio del Interior, pasan a revistar en las fuerzas policiales por órdenes directas del Poder Ejecutivo y a través de los ministerios del Interior y de Justicia.

Quienes así ingresan constituyen grupos que sólo responden a sí mismos, es decir, que sus jefes no pueden imponerse mediante los reglamentos oficiales. Formal y legalmente, los incorporados son policías, pero sin formación y carentes del espíritu de cuerpo indispensable para desempeñarse con la corrección que se espera de un representante del orden, definición que es juzgada en estos casos como un evidente eufemismo.

Fuente: Informador Público.

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