En los últimos dos meses un área sensible del Gobierno porteño sufrió una serie de cambios internos luego de la llegada de Jorge Telerman. Se trata de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC), que depende del Ministerio de Gobierno, hoy a cargo del joven Diego Gorgal. Un clima ensombrecido cubrió la dependencia estatal en los últimos días.

La DGFOC cumple la tarea de inspeccionar obras, instalaciones; conservar el catastro de la ciudad; y también registra y supervisa todo lo que se construye e instala en el territorio de Capital Federal. Según datos oficiales el organismo produjo un ingreso de 12,7 millones de dólares al Gobierno de la Ciudad en el período comprendido entre junio de 2005 y mayo de este año.

Con el boom inmobiliario y el avance de la construcción, principalmente vinculado a grandes edificios de lujo en Puerto Madero, Palermo y Belgrano, los trámites para comenzar obras aumentaron fuertemente. Este año se registraron más de 2,5 millones de metros cuadrados, hubo más de 90 mil actuaciones tramitadas, y cerca de 22 mil consultas de profesionales.

Reingenieria

La dependencia oficial pasó en las últimas semanas por intermitentes y solapados conflictos sindicales que afectaron su normal funcionamiento. La resistencia gremial coincidió con el desplazamiento de funcionarios de fuertes vínculos con el gremio de municipales (Sutecba) que conducen desde siempre Amadeo Genta y Patricio Datarmini.

Las versiones oficiales consignan "un cambio en el sistema informático", para explicar las demoras que sufren los trámites y el curioso cierre que vivió el organismo por más de 14 días, pero detrás de la afirmación se está librando una dura batalla por quitarle al gremio una de sus "cajas" históricas.

Incluso, antes de iniciarse el conflicto el gremio, según fuentes del gobierno porteño, se habría descolgado con la exigencia de 40 contratos para "la tropa". La situación se agravó con el despido del jefe del Departamento de Vía Pública, Daniel Rubio, al parecer un resorte clave en la estructura del sindicato.

En julio de este año, el subsecretario de Control Comunal (que tuvo como antecesora en el cargo a la ex funcionaria procesada, Fabiana Fiszbin, amiga personal de la senadora Vilma Ibarra) Federico Peña afirmó que la dependencia "se encuentra en un proceso de reingeniería", y enfatizó se "está en el camino adecuado".

Sin embargo, diversas fuentes confirmaron a este medio que hubo irregularidades que hicieron que se hiciera una suerte de intervención encubierta. "Acá funciona una cooperadora, como si fuese una administración paralela", cuenta un funcionario con llegada a los despachos de Carlos Pellegrini al 200.

Un arquitecto y constructor que ha padecido las "complicaciones" habituales a la hora de hacer los trámites, explicó a La Política Online: "La operatoria funciona sí, cuando llevás los planos para que sean aprobados, siempre encuentran algún error y te dicen que no podés empezar tu obra. De esta forma te obligan a sentarte en una mesa y negociar una salida".

Retorno a las bases

El titular de la DGFOC era hasta hace muy poco, el arquitecto Luis Franceschi, expulsado por la gestión del ministro Diego Gorgal, y uno de los principales motivos del conflicto con el sindicato. Franceschi llegó con la gestión del diputado Juan José Álvarez, cuando después de la crisis que provocó el caso Cromañon, tomó las riendas del entonces Ministerio de Seguridad porteño. En ese momento el arquitecto ingresó en un área clave.

Ex asesor de Eduardo Amadeo en la secretaria de Desarrollo Social en pleno menemismo, Franceschi tuvo la particularidad de no declarar en la Comisión Investigadora de Cromañon, a pesar que le fue solicitada su presencia en varias ocasiones.

Vale recordar que el organismo a cargo tenía la responsabilidad de inspeccionar los establecimientos, y al ser citado Franceschi se declaró "en vacaciones". Él debería conocer a la perfección cómo pudo haber pasado de largo la inspección del boliche de Omar Chabán, ya que tenía a su cargo la Dirección de Contralor de Instalaciones que debe constatar e inspeccionar las obras. Un legislador vinculado a la investigación, y que fue parte de la Comisión especial dedicada al tema afirmó que Franceschi "fue protegido".

Franceschi contó en su momento con el respaldo de la ex corachista y menemista Raquel "Kelly" Olmos, actual presidenta de AUSA y colaboradora del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Kelly Olmos es una de las dirigentes del PJ porteño que mejores vínculos bordó en la comunidad de arquitectos, con vínculos directos con los sectores peronistas de la Sociedad Central de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la UBA. De allí vino Franceschi.

Pero a la hora del conflicto con el sindicato, las autoridades políticas vieron con asombro que respondía más a las posiciones de Sutecba que a las propias.

Debajo de Franceschi, se ubica un cuerpo de asesores que es controlado por Jorge Lema, una suerte de "todo terreno" y fuerte operador político, también de excelente relación con Kelly Olmos. En la oficina de Catastro los empleados suelen llamarlo "el titiritero".

El nene Trovato

Un funcionario con largos años en Catastro reveló a La Política Online otro de los resortes claves en el organismo. "Un hombre clave por el cual tenés que pasar para terminar tus trámites es el nene Trovato", afirmó. Cuando este medio preguntó con notable ingenuidad si esta persona tenía algún tipo de relación con Genaro Trovato, actual secretario de Finanzas de Sutecba, la respuesta vino acompañada con una risotada: "Claro, es el hijo".

Sutecba es uno de los gremios más grandes del país. Con más de 50 mil afiliados y por esas cosas de la democracia sindical argentina, eternamente encabezado por Amadeo Genta y Patricio Datarmini. Ambos dirigentes se han sucedido alternativamente en la secretaría general y la adjunta en una suerte de reelección indefinida que haría palidecer de envidia al misionero Carlos Rovira.

El "nene" Trovato ingresó en la DGFOC a través del propio Lema, por un presunto pedido expreso de su superior.

El otro hombre clave en este organismo es el jefe de inspectores, el ingeniero Manuel Corradini. "Él conoce el tarifario completo de acuerdo a la obra, su complejidad, el barrio en el que se construye, y cuánto dinero implicará", explica otra fuente que se pasea frecuentemente por los despachos de la DGFOC. Corradini, siempre se reportó directamente a Franceschi.

Sutecba

La influencia del gremio en las áreas de control del gobierno porteño fue históricamente muy grande. A fines de 2003 el entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra denunció un "focazo de corrupción" y disolvió la Dirección General de Verificaciones y Control. En ese momento, y a raíz de esta medida, la ex secretaria de Gobierno y Control Comunal porteña, y actual diputada nacional, Silvana Giudici, tuvo que poner custodia policial en su casa luego de recibir muy duras amenazas. De hecho en una de las paredes del barrio de Parque Patricios, donde vive la ex funcionaria ibarrista, le escribieron "Corrupta", alrededor de su manzana.

El 11 de noviembre de ese año, la misma Giudici se reunió con representantes de Sutecba a raíz de la decisión del Gobierno porteño de disolver el organismo de control, en el que había 300 inspectores de calle y 200 empleados administrativos.

"Nosotros vamos a acompañar al Ejecutivo porteño a la Justicia cuando hagan una denuncia. Queremos defender a los que trabajan, no a los corruptos. Pero lo que no vamos a permitir es que metan a todos los compañeros en la misma bolsa y que los buenos paguen por los malos", afirmó a en ese momento nada menos que Genaro Trovato.

Pero fue durante la gestión de Jorge Telerman que el poder político metió mano en serio en esta estructura, al desplazar nada menos que a dos hombres claves para el gremio, como Franceschi y Rubio.

Pero no siempre Sutecba tuvo tanto poder en el área de Catastro. Históricamente fue un área de influencia del radicalismo, en el que solían influir el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA, Berardo Dujovne y el ex secretario de Planeamiento Urbano, Enrique García Espil.

Incluso, desde el radicalismo se impulsó años atrás la celebración de un convenio entre el gobierno porteño y el Colegio Profesional de Arquitectos que creó la figura de Profesional Verificador de Obras (PVO) y que en los hechos tercerizaba en los miembros de esa institución, históricamente controlada por sectores afines al radicalismo el control de las obras.

El sistema, que suene razonable, tenía un inconveniente: los PVO cobraban por metro cuadrado inspeccionado, y según recuerdan en Catastro, para ellos siempre quedaban las grandes obras (hoteles, predios, etc.) lo que empezó a abultar la cuenta de gastos de la repartición al mismo tiempo que crecían las arcas del Consejo Profesional.

Al poco tiempo de asumir como ministro del área, Diego Gorgal, recibió un alarmante informe: de continuar el sistema y al nivel actual de construcción, la Municipalidad estaría pagando a estos PVO alrededor de 60 millones de pesos por año. El acuerdo fue dado de baja.

Desfunciones

Según el decreto 1988/00, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro tiene entre sus funciones "entender en el ejercicio del poder de Policía y en la inspección de las obras civiles de arquitectura, las dadas en concesión, e instalaciones que se proyecten y ejecuten en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

En el informe 474 realizado por la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en 2004 se encontró "graves deficiencias en los trámites, falta de actualización de los datos catastrales y baja seguridad en el resguardo de la información", entre otras deficiencias.

"Algunas de las observaciones de esta Auditoria ponen de manifiesto una gestión del servicio de catastro que no alcanza los estándares de mínimos que debería exhibir. Además se observaron deficiencias de organización, planificación y procedimientos que van en sentido contrario de la buena gestión del servicio", concluye el informe.

Investigaciones