El insistente e inoportuno setentismo kirchnerista también comienza a perjudicar incluso a personajes emblemáticos de la historia del peronismo. Como es de público conocimiento, un Juez mendocino está investigando actualmente (por desapariciones acaecidas en 1975) al dirigente vitalicio Antonio Cafiero y al risueño Carlos Ruckauf, por responsabilidades múltiples cuando estos obraban de Ministros del des-gobierno presidido por María Estela Martínez de Perón (alias “Isabelita”, tal su nombre artístico cuando trabajaba en el cabaret Happy Land Bar en Panamá), también investigada en la causa de marras. 

Por entonces, cuando la Patria estaba siendo atacada por Montoneros, ERP y otras bandas homicidas, en medio de la guerra civil la ciudadanía necesitaba más que nunca que la mano firme y protectora del Poder Ejecutivo pusiera coto a la anarquía, pero ¨Isabelita¨ se asustó y se tomó una ¨licencia¨. Ante la acefalía, acude en su reemplazo interinamente el entonces Presidente del Senado Dr. Italo Luder, un profesor de derecho relativamente serio, en la medida en que la militancia peronista permite serlo.

Fue en octubre de ese mismo año (1975) cuando la guerra se extiende a todo el país, y como producto de la misma, Luder convoca de inmediato a una reunión de Gabinete Nacional, con presencia además de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. 

En la reunión, Luder dijo: "He convocado a los jefes militares para ver qué podemos hacer para frenar al terrorismo que es incontrolable" y el Gral. Videla respondió: "Sr. Presidente: los militares tenemos armas para matar y para morir, no tenemos experiencia en este tipo de guerra revolucionaria, solamente contamos con la formación teórica de los estudios iniciados en los años sesenta por el entonces Cnel. Rosas en la Escuela Superior de Guerra, las visitas de las misiones francesa con su experiencia en la guerra en Argelia y de la misión norteamericana con la de Vietnam; lo que sí puedo anticipar es que cualquiera sea la solución que elija va a ser cruenta”. (1)

En esas reuniones, mientras Massera estaba siempre preocupado por congraciarse con todo el mundo y escalar posiciones, Videla, por el contrario, mantenía una posición de preocupación y seriedad. Cuenta Ruckauf que en las reuniones del Gabinete Nacional “Videla iba siempre con un lapicito chiquito. Escribía siempre. Nunca hablaba. Massera hablaba más. Se hacía el simpático… A Videla no le sacabas ni una palabra” (2).  

En la citada reunión, cuatro fueron las alternativas presentadas por el Gral. Videla al Presidente y al Gabinete del gobierno constitucional. En un extremo de las propuestas, se encontraba la posibilidad de instalar un sistema operacional rigurosamente supervisado, que tenía como contrapartida el largo e impredecible tiempo que depararía dominar al terrorismo.

En el otro, la descentralización de los grupos de combate con una gran capacidad y autonomía operativa en los niveles inferiores; esta alternativa tenía como eventual efecto negativo el debilitamiento del control de las operaciones, aunque como componente positivo se tenía la esperanza de que en el lapso de dos años el terrorismo quedaría abatido, o por lo menos controlado.  

Ni lerdo ni perezoso, a pesar de los márgenes de error que podía traer aparejada esta última tesis (y que fueron advertidos y señalados por Videla) el Presidente justicialista Italo Luder optó por ella. Al día siguiente convocó a todos los gobernadores, creó el Consejo de Seguridad y se comenzó a trabajar en todo el país. Seguidamente, el 6 de octubre de 1975, el gobierno emitió tres Decretos (2.770, 2.771 y 2.772) que disponían la creación del Consejo de Seguridad y la ampliación a todo el país del “Operativo Independencia”.

El moroso Decreto 2.772, entre otras cosas, establecía que "Las FF. AA., bajo el Comando Superior del Presidente, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país". El mismo fue firmado por Italo Luder como Presidente y los ministros que en ese momento eran Manuel Araux Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos F. Ruckauf, Antonio Cafiero y Ángel Robledo.  

Para dar cuenta de la hipocresía y el discurso distorsivo que se viene promoviendo desde 1983 a la fecha, es dable acotar que, precisamente a partir de la decisión tomada por el gobierno peronista en esta reunión clave, ipso facto aparece en escena masivamente el fenómeno popularmente conocido de los “desaparecidos”, que “comienzan a incrementarse a partir de noviembre del 75 (mes siguiente al decreto antedicho) donde fueron 35, en diciembre 90, en enero siguiente 155, en febrero 84 y en marzo 310”.

En efecto, la operatoria y directiva impulsada por el gobierno peronista a las FF. AA. era combatir con el “factor sorpresa”, consistente en detener al terrorista en el lugar más insospechado y luego ejecutarlo sin brindar información acerca del paradero de su cuerpo, y así, desconcertar aun más a sus camaradas de armas.  

La expresión varias veces mencionada en los Decretos de "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", a pesar de su inequívoca interpretación, ha sido maliciosamente explicada de los modos más sofísticos por los embusteros televisivos, y hasta por los mismos firmantes, quienes sintiéndose posteriormente algo “culpables” por haber rubricado el Decreto “represor”, se valieron de extravagantes acrobacias verbales para tergiversar o desdibujar el sentido que le quisieron dar a la expresión "aniquilar", utilizando pintorescos eufemismos de lo más ocurrentes a fin de explicar que “aniquilar” no quiere decir “aniquilar”.

Según ellos explican, pareciera ser que “aniquilar” en realidad consistía en llevar adelante “una fraternal invitación a los terroristas a que en la sana reflexión, y en aras del afecto ecuménico, el amor universal y valores filantrópicos, recapaciten y voluntariamente adviertan que meter bombas no era la conducta más aconsejable”.

Incluso uno de los firmantes, el reconocido lenguaraz Antonio Cafiero, años después llegó al extremo de brindar el siguiente malabarismo explicativo: “Luder emite una orden, ordenándole a las FF. AA. aniquilar a la subversión… pero no era nuestra intención aniquilar a los subversivos, sino a la subversión”, es notable la habilidad que poseen ciertos charlatanes de la partidocracia local, para discursear en abstracto sin decir absolutamente nada, o lo que es peor, incurriendo en contradicciones insalvables en el exiguo marco de dos renglones.  

El pretendido galimatías no debería resultar tan complicado. El diccionario define el vocablo “aniquilar” como “reducir a la nada, destruir por entero algo”, y también nos brinda como sinónimos “destruir, abatir, demoler, devastar, matar, desbaratar, inmolar”, pero además de esto, debemos tener en cuenta que la susodicha orden no fue dirigida a un convento de monjas contemplativas de clausura, sino a las FF. AA. en el marco de una guerra civil, y por añadidura, la palabra debe interpretarse en el estricto sentido militar, definido perfectísimamente en el Reglamento de Terminología Castrense, de uso en el Ejército (RV117/1) como “el efecto de destrucción física y/o moral que se busca sobre el enemigo, generalmente por acciones de combate”.

En efecto, el Gobierno Constitucional había resuelto que los terroristas fueran aniquilados en operaciones militares y de seguridad, no que fueran aprehendidos para ser juzgados. Como si hiciese falta, dándole un marco interpretativo al Decreto, el Ministro de Defensa y Pte. del Consejo de Defensa Tomás Vottero, el 16/12/75 en la Escuela de Defensa Nacional, explicó que “es determinación del gobierno no dejar de hacer absolutamente nada de lo que esté dentro de nuestras facultades y de nuestro poder de decisión, hasta alcanzar su más completo exterminio”.  

Si bien consideramos insano que el régimen subyugante se dedique a persecuciones selectivas sobre episodios acaecidos hace treinta años (cuyas eventuales connotaciones delictivas ya están totalmente prescriptas), a modo de contrapartida, resulta positivo que las nuevas generaciones comiencen a advertir que la historia argentina no nace el 24 de marzo de 1976, sino mucho antes y que cuenta con grandes responsables y culpables del drama acontecido.

Falta por supuesto, investigar a los terroristas, algo que obviamente no se dará en el marco de este gobierno que los prohíja y exalta, pero es necesario que de a poco se sepa que en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo marxista, hubo responsabilidades compartidas que, por orden de prelación, los principales culpables fueron los terroristas subversivos que atentaron contra las instituciones fundamentales del estado, en segundo término el gobierno peronista, el cual tras haber desbaratado el aparato defensivo del estado y haber amnistiado centenares de guerrilleros en 1973, tardíamente en 1975 combatió a la guerrilla con metodologías cuestionables, y en tercer lugar las FF. AA., quienes a partir del 24 de marzo de 1976 no modificaron el modus operandi creado y decretado por el peronismo para combatir a la misma.  

Nicolás Márquez, abogado, autor de los libros La Otra Parte de la Verdad y La Mentira Oficial – el setentismo como política de estado.

Notas:

(1) Dr. Florencio Varela, 30 de septiembre 2003 en la Asociación AUNAR - Persecución de la Justicia Federal a las FF.AA.).

(2) Lo Pasado Pensado - Felipe Pigna 295.

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