La verdad jamás estará en los ignorantes, en los cobardes, en los cómplices, en los serviles y menos aún en los idiotas.

Kirchnerismo = Menemismo.

Por Urgente24

El día que Eduardo Duhalde se hizo cargo de la crisis argentina quedó en claro que no habría 'Nueva Política'. Sin embargo, la izquierda se ilusionó con Néstor Kirchner. Cerraron los ojos ante los Lázaro Báez, Cristóbal López, etc. Pero la realidad es que hay sospechas de enorme corrupción en el gobierno del Frente para la Victoria, que en parte han surgido, al igual que durante el 'menemismo' como un reflejo de las rencillas domésticas entre colaboradores de Kirchner que disputan espacios de poder.

Marcelo Zlotogwiazda en Página/12:

"(...) Pero el caso Skanska tiene ingredientes de mayor gravedad que los restantes debido a que el uso de facturas truchas no habría tenido como único propósito evadir sino, además, justificar el pago de coimas. Tal como lo señala el juez López Biscayart en uno de sus dictámenes “hay indicios suficientes de que la asociación ilícita fiscal liderada por Adrián Félix López habría proveído a Skanska facturas de Infiniti con las cuales se habrían respaldado erogaciones de capital para efectuar pagos ilegítimos a funcionarios públicos simulando operaciones comerciales inexistentes”.

Uno de los indicios clave a los que se refiere el juez es un memorándum interno de Skanska del 28 de julio de 2005 que sostiene: “A través del Fideicomiso Nación (Ulloa), el cliente nos recomendó la ejecución de la ingeniería de detalle y de los distintos manuales que solicita el pliego a gente de su confianza, con el argumento inapelable de que sería la forma de conseguir una aprobación fluida y sin problemas del proyecto y llegamos a la conclusión de adjudicar ambos rubros al proveedor sugerido, Infiniti Group”.

Haciendo caso a la recomendación, Skanska obtuvo el contrato para construir la planta compresora de Deán Funes en Córdoba, parte de la obra de ampliación del gasoducto que tuvo un costo total cercano a los 200 millones de dólares. Por su parte, Skanska cobró 28 millones de pesos que, como se verá más adelante, podrían implicar un sobreprecio de 17 millones de pesos (es decir más del 150 por ciento) destinados al pago de sobornos. Cuando la maniobra de evasión fue descubierta la casa matriz sueca descabezó a la cúpula local y pagó a la AFIP más de 10 millones de pesos.

Otro indicio lo aportó el propio Adrián Félix López en su declaración indagatoria: “Recibí unos cheques, los deposité en la cuenta y le devolví el dinero. No sé cuál era el destino final de ese dinero. Me puedo imaginar un montón de cosas”. López dijo tener información que involucraba al ministro Julio De Vido, pero aclaró que “no lo puedo asegurar”.

El receptor del dinero que devolvió López fue un contador llamado Alfredo Greco quien, según el dueño de Infiniti, fue quien le llevó el negocio. Por la tarea inventada de la ingeniería de detalle y la elaboración de manuales, Infiniti emitió facturas truchas por 1,7 millón de pesos. Pero eso fue sólo el 10 por ciento de lo que Skanska pagó por tareas inexistentes: en total abonó 17 millones de pesos a 23 usinas de facturas truchas, una de las cuales fue Infiniti.

Un tercer indicio surge de una nota que Transportadora de Gas del Norte, la firma controlada por el grupo Techint que opera el gasoducto y tuvo a su cargo la administración de las obras de ampliación, le envió al Enargas el 7 de marzo del año pasado en la que advierten: “No encontramos una explicación razonable para justificar el desvío y por lo tanto no podemos avalar dicho precio”.

La nota, firmada por el gerente de Asuntos Legales Marcelo Brichetto, explicaba que el “desvío” era de algo más que 150 por ciento, ya que de un presupuesto original de 11 millones de pesos se había pasado a 28 millones. A los investigadores no les resultó casual la coincidencia entre los 17 millones de sobreprecio y los 17 millones pagados al amparo de facturas apócrifas"

Rubén Rabanal en Ámbito Financiero:

"El gobierno ya se prepara para recibir malas noticias sobre el caso Greco justo en medio de la campaña electoral. A la investigación que retomaron los senadores radicales se sumarán en poco tiempo el informe que elabora la Auditoría General de la Nación y la citación de funcionarios del Ministerio de Economía por parte de la Justicia Federal.

El resultado de todas esas pesquisas comenzará a tomar forma casi al mismo tiempo. Es decir, hacia julio/agosto de este año junto con el inicio formal de la campaña electoral.

La Auditoría, controlada por el radical Leandro Despouy, pero con perfil bajo, tiene ya experiencia adquirida en el caso Greco. Algunos de los auditores comenzaron hace ya dos meses a entregar en secreto borradores de informes preliminares a los senadores que participan en la investigación.

Su intervención comenzó en el inicio del escándalo, exactamente en diciembre del año pasado en medio del debate en el Senado que terminó frenando el pago al grupo, cuando todos los integrantes de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas -senadores y diputados, peronistas y radicales- aprobaron una resolución por la que se instruyó a la Auditoría General a investigar ese trámite.

Uno de los datos más nuevos dentro de la investigación se conoció cuando comenzaron a aparecer esta semana viejas actas y archivos de la Mixta Revisora de Cuentas donde se daba cuenta de la deuda con los Greco. Algunos de los senadores y diputados que integraron esa comisión juran que en esos informes se hablaba de montos hasta cincuenta veces inferiores que la deuda que el gobierno ahora envió al Congreso para habilitar su pago.

Formalmente, la Auditoría tomó vista del caso Greco recién cuando el Congreso se lo ordenó. En inicio, el análisis fue más lento, pero cuando comenzaron a recibir las pruebas del caso, muchos de los auditores entraron en pánico. Tal fue el impacto de la investigación en la AGN, que se creó una comisión especial para investigar integrada por un delegado de cada uno de los siete auditores.

Esas decisiones se toman en la Auditoría sólo cuando la gravedad del caso exige que se comprometa a todo el colegio de auditores en el resultado del informe. «Esto fue claro, hubo acuerdo con que todos pondrían la firma en la investigación del tema Greco. Esta no es una cuestión para un solo miembro», explicaba ayer uno de los integrantes de la AGN más experimentados.

Dentro de la información que se pidió en la Auditoría para llevar adelante el informe constan los pedidos a la Secretaría de Finanzas sobre el origen de las seis órdenes de pago a nombre de cada uno de los ex integrantes del grupo Greco o sus herederos.

Tan importante como ese informe y que consta también en los pedidos de la Auditoría, es el dictamen de la Sindicatura General de la Nación, ya adelantado por este diario, en el que el 5 de enero de este año no sólo se cuestionaba el pago sino que se recordaba un dato clave: el 10 de octubre de 2006 -cuando la Cámara de Diputados aún no había iniciado el tratamiento del polémico proyecto- de ampliación de emisión de BOCON donde se encontraba oculto el pago a los Grecoel Director de Administración de Deuda Pública (avalado por la Oficina Nacional de Crédito Público y el subsecretario de Financiamiento) le pidió a la subsecretaria Legal del Ministeriode Economía que previo al pago se intente «cobrarle» a los Greco deudas que éstos mantenían con el Estado y que ascendían en monto nominal a unos $ 164 millones.

Esos pagos, como otros realizados por el Estado a cuenta de deudas de los Greco no fueron incluidos en la liquidación que aceptaron los abogados del fisco y que motivó la homologación judicial del 11 de agosto de 2005.

Para la Auditoría ese dato es clave para la investigación. Tanto como el relato de los hechos por parte de Estela Palomeque, la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Economía, quien tuvo en su despacho el expediente Greco durante 19 días, de acuerdo con la guía de trámites internos de Economía que también publicó este diario.

Los informes que pidió la auditoría al Ministerio de Economía fueron avanzando casi en sintonía con la causa que lleva adelante el juez Sergio Torres , unificada ahora con la denuncia contra Miceli que tramitaba Ariel Lijo por la presentación hecha por el abogado Ricardo Monner Sanz.

Torres ya citó a Palomeque como testigo dentro de la última tanda de resoluciones que tomó el juez en torno de la causa. Y allí precisamente es donde se encontrarán todas las investigaciones que rondan el caso. Torres tomó 17 medidas que ya incluyeron una citación al radical Ernesto Sanz, uno de los denunciantes en el Senado del caso Greco, y que ahora seguirá con Palomeque el próximo 11 de abril y el denunciante Ricardo Monner Sanz. Al mismo tiempo analiza los cuestionados dictámenes del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino y la presentación que ya realizó el chaqueño Jorge Capitanich.

Esa ronda se cerrará con informes clave que Torres ya pidió a la jefatura de Gabinete, a Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y, finalmente, a la Auditoría General de la Nación".

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